niversarios de violaciones descarnadas de derechos humanos, como las que entrañan la desaparición forzada, con su ingrediente de continuidad del dolor y la rabia, ponen en juego no sólo el sentido de la justicia, sino que incrementan el costo para sostener la esperanza de que tarde o temprano se conocerá la verdad. Nada más cierto ahora, a una semana del tercer aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Sin duda, efemérides como ésta tienen impregnado el olor de la impunidad.

Es realmente encomiable la incansable lucha de las madres y los padres de los jóvenes estudiantes, como lo es de las organizaciones que los han acompañado. Si sólo colocamos la mirada en la línea de aporte efectivo y profesional, por ejemplo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para desentrañar los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014, encontramos a un Estado, el mexicano, rebasado y sometido a sus propias deficiencias estructurales. Cuando se ha dicho fue el Estado refiriéndose al caso Ayotzinapa, no han faltado voces escandalizadas. Hoy podemos afirmar que la desviación de la investigación, el daño que a la misma hizo la llamada verdad histórica coloca precisamente al Estado como responsable directo de que la verdad real se vea muy lejana. Es indignante que apenas hace unas semanas, la Procuraduría General de la República (PGR) informó al Mecanismo Especial de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya confirmaron que algunos teléfonos celulares de los estudiantes siguieron funcionando días después de su desaparición, que asignaron un equipo de más de 90 personas de forma exclusiva para la investigación, que tienen elementos sobre la identidad de personas clave. En este punto el mecanismo consideró que la identificación y posterior detención de estas personas contribuiría a obtener información valiosa sobre el paradero de los estudiantes; la CIDH espera que la información recibida sea corroborada con elementos de prueba pertinentes. En fin, en la PGR reiteraron que ahora sí atenderán las recomendaciones contenidas en los informes del GIEI; nada dicen respecto de que de los 170 detenidos solamente 70 enfrentan cargos relacionados con la agresión y desaparición de los normalistas, los otros 100 enfrentan acusaciones por delincuencia organizada o bien por delitos contra la salud. Como lo ha denunciado el Centro Pro.

Mientras, Tomás Zerón protegido por el régimen, se da el lujo de continuar declarando a la prensa, que la investigación sobre la verdad histórica se sostiene y está muy bien hecha.

El mecanismo aludido concluirá en noviembre próximo con la presentación de un informe para el que necesita evidencias tangibles. Por ello en su reciente visita, apremió al Estado mexicano a detener a los policías de Huitzuco, Guerrero, involucrados en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014. También exhortó al Estado a que avance en la investigación de los policías federales, quienes fueron individualizados como presuntos responsables de encubrimiento de los hechos. Retomó, como lo hizo en su momento el GIEI, a abordar la línea de investigación sobre la posible conexión de los hechos con el traslado de estupefacientes o de dinero hacia Estados Unidos sigue siendo de suma importancia y debe profundizarse más a la luz de todos los elementos de investigación que se encuentran en el expediente. Por ello exhortó al Estado a priorizar pruebas y diligencias en relación con la ubicación del quinto autobús. Las novedades respecto al caso nuevamente provienen de fuentes externas. Forensic Architecture, con sede en Goldsmiths, Universidad de Londres, presentó el pasado 7 de septiembre una cartografía interactiva de los hechos de Iguala denominada Ayotzinapa: una cartografía de la violencia. Se trata de un grupo interdisciplinario de arquitectos, abogados y periodistas, especializado en armar narrativas innovadoras de hechos complejos. Se realizó a petición del Equipo Argentino de Antropología Forense y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez apoyándose en los Informes del GIEI y en textos de John Gibler. Destaca la reconstrucción de la versión de un militar que presenció por casi una hora los ataques contra los normalistas que después desaparecieron cerca del Palacio de Justicia, en Iguala. El director del proyecto colocó el énfasis en la constante en casos de este tipo, donde el Estado se encarga de la destrucción de evidencias (como las grabaciones de las cámaras del Palacio de Justicia).

Otro aporte será presentado el día de mañana, se trata del informe que elaboró Fundar: Yo sólo quería que amaneciera: impactos sicosociales del caso Ayotzinapa, en el que se documentan las voces de las otras víctimas, como son las de las familias de los estudiantes desaparecidos. Fuerte, su contenido muy previsible; el grito está en su título. Que ya termine la oscura impunidad.