Madrid.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas de España, puso en marcha el plan trazado hace poco más de un mes para controlar y asfixiar financieramente a Cataluña y a la Generalitat en caso de que –como ha ocurrido–, persistiera en su intención de llevar a cabo el referendo de independencia el primero de octubre.

A partir de este lunes, desde Madrid se controlará el gasto corriente de la administración catalana, lo que incluye el salario de funcionarios. El gobierno español asumirá el control de las tarjetas de crédito de los altos mandos de la Generalitat, que para hacer uso de estos servicios de crédito financiero deberán presentar un certificado de la Intervención General del Estado.

El conflicto se ha centrado ahora en la parte financiera y contable de la administración catalana, que depende en gran medida de los arcas públicas centrales del Estado español.

Esta asfixia financiera se suma a la suspensión cautelar de las leyes aprobadas para amparar jurídicamente el referendo que fueron votadas en el Parlamento de Cataluña, además de las medidas penales contra centenares de funcionarios públicos, alcaldes y diputados independentistas que han colaborado en la celebración y organización de la consulta ciudadana, declarada ilegal por los tribunales españoles.

De hecho, entre las medidas judiciales y policiales, la Guardia Civil española ya ha realizado varios operativos al amparo de la Fiscalía General del Estado y de los tribunales de justicia, como el registro en medios de comunicación e imprentas en la búsqueda de material relacionado con la consulta, la citación a declarar a 714 alcaldes y la incautación de más de un millón 300 mil volantes, dípticos y carteles relacionados con el referendo y que fueron puestos a disposición judicial.

Con el diálogo roto entre Madrid y Barcelona, el gobierno derechista de Rajoy activó la asfixia financiera al gobierno del nacionalista Carles Puigdemont, al amparo de un decreto adoptado por la administración española que permite tomar el control de las cuentas catalanas en el momento en que consideren que los recursos públicos están siendo utilizados para la celebración del referendo porque, argumentan, se estaría vulnerando la resolución del Tribunal Constitucional, que prohibió la consulta.

Además, para garantizar que los altos mandos de la Generalitat no usen sus tarjetas de crédito oficiales para pagar gastos del referendo, emisarios de Hacienda se reunieron ayer con la Asociación Española de Banca y la Confederación Española de Cajas de Ahorros para solicitarles que no liberen dinero hasta que haya una autorización oficial. Es decir, hasta que ese pago, por pequeño que sea, sea autorizado por una oficina auditora.

Mientras la tensión está en su punto más álgido y a sólo 12 días del llamado a las urnas, Pablo Iglesias, líder de Unidos Podemos, anunció una iniciativa de su partido para tratar de desbloquear la situación, que consiste en la celebración de una asamblea extraordinaria que reúna a alcaldes, diputados y funcionarios públicos de todo el país que estén en favor del derecho a decidir del pueblo catalán. De momento sólo se han sumado los líderes de su partido y ya han expresado su rechazo los dirigentes del Partido Socialista Obrero Español y de Ciudadanos.

Además, científicos firmaron un manifiesto en favor de la independencia y en contra del uso irracional de la fuerza del Estado español. “Pedimos a nuestros conciudadanos que, para construir un futuro mejor ignoren las amenazas de los que tienen como único argumento el uso irracional de la fuerza y voten sí en la consulta del primero de octubre”. Lo firman científicos y trabajadores de centros de investigación en México, Suiza, Reino Unido, Bélgica, Francia y Estados Unidos.