nte la muerte violenta de 106 personas defensoras de los derechos humanos en los cinco años transcurridos del presente sexenio, 21 de ellas ocurridas en el estado de Guerrero, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) iniciará una misión especial de observación y registro de violaciones a las garantías individuales en dicha entidad, durante la cual se indagará también la impunidad con que los grupos dedicados al tráfico de drogas operan en los municipios de Chilpancingo y Chilapa. La organización recordó que además de ocupar el primer lugar en asesinatos a escala nacional, en el estado sureño se dio la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre de 2014, caso aún no esclarecido y emblemático de la grave situación de violencia en la región

El anuncio de la Red TDT se da en un contexto de recrudecimiento de la crisis de seguridad, la cual vivió un momento álgido el sábado 16, cuando 23 personas fueron asesinadas en Nayarit, Chihuahua, Morelos y Tamaulipas, mientras en el propio Guerrero un enfrentamiento entre integrantes del Ejército y supuestos integrantes del crimen organizado dejó saldo de nueve muertos, uno de ellos elemento de las fuerzas armadas, en el serrano municipio de Te-loloapan. De acuerdo con el Grupo de Coordinación estatal, los uniformados fueron atacados cuando realizaban un recorrido de reconocimiento cerca de las 23 horas.

Episodios como los referidos dejan claro que los niveles de descomposición alcanzados en el país, de manera particularmente dramática en Guerrero, constituyen una amenaza para las vidas de todos los ciudadanos, de la cual no están exentos ni siquiera los elementos militares, quienes cuentan con los recursos armamentísticos, logísticos y de capacitación para hacer frente a las agresiones criminales.

Por otra parte, no puede ignorarse que la expansión de las redes de narcotráfico y su diversificación hacia actividades periféricas, como secuestros, extorsiones, cobros de piso, minería ilegal, contrabando y otras, resulta inexplicable sin la indolencia e incluso complicidad de múltiples autoridades que, en el caso de los atentados contra defensores de derechos, luchadores sociales y periodistas no sólo han sido omisas en investigar y fincar responsabilidades, sino que han propiciado climas de linchamiento que facilitan las agresiones contra integrantes de los grupos mencionados.

Cabe esperar que los gobernantes de los tres niveles atiendan al clamor social para que se ponga fin a la ola de violencia que ya se extendió por más de una década, pese a las reiteradas promesas de solución, los ingentes recursos económicos destinados a la materia, y la alternancia partidista en el gobierno federal.