Madrid.

Cataluña celebrará el primer referendo de independencia de su historia el próximo primero de octubre, fecha en la que decidirá si sigue vinculada al Estado español o se constituye como Estado independiente en forma de una nueva República. El gobierno catalán, presidido por Carles Puigdemont, firmó la noche de este miércoles la convocatoria a la consulta, después de la aprobación en el Parlamento regional.

La ley aprobada da amparo tanto a la consulta ciudadana como a la eventual desconexión de las instituciones catalanas de las españolas, en el caso de que gane el sí a la secesión. Desde Madrid se anunciaron querellas judiciales y una batería de denuncias ante el Tribunal Constitucional.

El conflicto político entre Cataluña y España entró en un punto de no retorno. Las instituciones catalanas, gracias a la mayoría absoluta del bloque de partidos que apoyan la independencia, más la abstención de la formación emergente Catalunya si que es pot (la marca electoral de Podemos en la región) llevó a cabo el primer gran paso para la independencia.

La aprobación de la ley del referendo se logró con 72 votos en favor de los partidos Junts pel sí, integrado por la extinta Convergencia Democrática de Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña, y la Candidatura de Unidad Popular (CUP), las 11 abstenciones de Catalunya si que es pot y ningún voto en contra, tras el abandono del pleno del resto de grupos parlamentarios en señal de protesta.

Esta ley permitirá desarrollar la hoja de ruta para llevar a cabo el referendo y dará cobertura legal, por encima de la legislación que rige en España, a las instituciones y ciudadanos catalanes.

Después de estampar su firma en el documento que abre la vía a la independencia, Puigdemont afirmó: hemos aprobado el decreto de convocatoria del referendo en el amparo de legalidad del Parlamento, que representa al pueblo de Cataluña. Convocamos a los ciudadanos para que decidan de qué manera se tiene que orientar el futuro de Cataluña. Su decisión nos vinculará. Y añadió: nadie tiene la autoridad ni el poder para confiscar el derecho a decidir. No nos dejaremos desahuciar de la democracia.

Al abrirse la histórica sesión, la vocera del grupo Junts pel sí, Marta Rovira, solicitó la palabra para reclamar a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, un cambio en la orden del día para que se incluyera la votación de la ley del referendo. Idéntica petición realizó minutos después la CUP, a lo que se opusieron el resto de los grupos, Ciudadanos, el Partido Socialista de Cataluña (PSC) y el Partido Popular (PP) y una postura más equidistante de Catalunya si que es pot.

Tras un primer y agrio enfrentamiento, se decidió votar en el pleno el cambio en la orden del día, que finalmente se aprobó y se incluyó entonces la tramitación y el debate para votar la ley del referendo, las réplicas y la presentación de enmiendas.

Mientras seguía el pleno, que tenía programada una sesión de control al gobierno, parte de cada uno de los grupos parlamentarios se ausentaron para redactar sus particulares enmiendas, con la excepción de los grupos que apoyaban la estrategia de los partidos independentistas, que permanecieron en el pleno todo el tiempo.

Después de un debate y una sesión de más de 12 horas, se convocó a los diputados para votar. En ese momento los diputados de Ciudadanos, PP y PSC abandonaron el salón de plenos y los del PP colocaron banderas catalanas y españolas en sus escaños. Ahí se registró uno de los momentos más tensos de la sesión, cuando la diputada de Podemos, Angels Martínez, se levantó y retiró únicamente las banderas españolas.

Después de la votación y la aprobación, los diputados que votaron en favor cantaron el himno catalán Els segador, en un momento muy emotivo para los partidarios de la independencia.

Hora y media después de la votación, el presidente Puigdemont convocó a todo su gabinete para firmar la nueva legislación que consta de 34 artículos distribuidos en ocho capítulos, una disposición adicional y una disposición final. Es una norma que se fundamenta en los principios internacionales alrededor del derecho de autodeterminación, y basa buena parte de su articulado en la legislación española de régimen electoral ya existente. También firmó la convocatoria al referendo.

Antes de esta aprobación ocurrió un hecho que puso nerviosos a los partidarios de la independencia, cuando el secretario general del Parlamento, Xavier Muro, y el letrado mayor, Antoni Bayona, registraron un escrito dirigido a la Mesa del Parlamento en el que alertaban que la tramitación de las leyes de la consulta y de ruptura chocaban con las advertencias del Tribunal Constitucional.

En concreto, los letrados recordaron el deber de la mesa de frenar cualquier iniciativa jurídica o material de los grupos que suponga eludir o ignorar las sentencias y los autos del Constitucional que han anulado distintas resoluciones independentistas aprobadas en la Cámara, y advertían que el incumplimiento de este deber puede dar lugar a responsabilidades de los miembros de la mesa.

En medio de la confusión y el malestar de los partidarios de mantener el actual modelo de vinculación a España, Ciudadanos anunció una moción de censura contra el presidente catalán, que tiene previsto presentar en los próximos días, pero que es difícil que prospere al no contar con la mayoría necesaria.

Mientras en Barcelona celebraban el pleno histórico, en Madrid se reunió de urgencia el Consejo de Ministros del presidente español, Mariano Rajoy, y anunció una batería de medidas legales, entre ellas un informe al Consejo de Estado y las denuncias ante el Tribunal Constitucional por el incumplimiento de una sentencia previa que había emitido este órgano jurídico en el que prohibía a las instituciones catalanas llevar cabo cualquier iniciativa que vaya en la senda de un proceso de autodeterminación.

La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió que el gobierno no va a permitir que se incumpla la ley en España y acusó a la presidenta del Parlamento de que durante su mandato ha muerto la democracia en Cataluña. Lo que hemos presenciado es un acto de fuerza contrario a la democracia, a los derechos de los parlamentarios, de los catalanes y de las competencias de los funcionarios. Imágenes como esas son propias de otras latitudes, afirmó.

La dirigente del PP añadió: querer imponer a toda costa una decisión contraria a la Constitución y la democracia demuestra que quienes están al frente del Parlamento y de la Generalitat se acercan más a los regímenes dictatoriales que a una democracia. Están dispuestos a atropellar a todos los catalanes con tal de imponer sus ideas. Lo que hemos vivido hoy es una patada a la democracia, a la decencia política. Han demostrado que no tienen respeto ni a Cataluña ni a los catalanes.