on el telón de fondo de la crisis legislativa por la división de la bancada panista y los forcejeos en torno a la designación del titular de la fiscalía general, figura que sustituirá a la Procuraduría General de la República (PGR), el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, así como el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, señalaron la necesidad de una normativa que asegure la autonomía y la independencia del próximo responsable de la procuración de justicia en el país. El primero dijo que antes de la designación del funcionario correspondiente debe llevarse a cabo una reforma constitucional en ese sentido, en tanto que el ombudsman nacional afirmó que el fiscal no debe estar subordinado a intereses particulares o coyunturas políticas.

Por su parte, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción se manifestó por buscar consenso para el nombramiento de un procurador de transición, a fin de dar tiempo a la necesaria redefinición constitucional sobre la fiscalía general de la República y sobre el perfil de quien habrá de ser su titular. Es un hecho público que la idoneidad del actual procurador para ocupar el cargo de fiscal general de la República ha sido duramente cuestionada por múltiples actores y grupos sociales, y ha provocado el encono entre diputados y senadores de diversos partidos políticos, señalaron los cinco integrantes del organismo en una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto.

Más allá de la indudable necesidad de superar el empantanamiento en el Congreso de la Unión provocado por el empecinamiento del oficialismo en otorgar al actual procurador, Raúl Cervantes Andrade, un llamado pase automático de la procuraduría a la Fiscalía, y de asegurar su permanencia en el cargo durante los próximos nueve años, lo que ha sido visto por la mayor parte de la oposición, así como por organizaciones no gubernamentales y círculos empresariales y académicos como un intento de Peña Nieto de colocar en el cargo a una suerte de guardaespaldas transexenal.

Tal apreciación parte del hecho de que el actual responsable de la PGR pertenece al círculo cercano del titular del Ejecutivo federal y es un activo militante priísta. Por lo demás, el paso de Raúl Cervantes por ese organismo no se ha traducido en una mejora perceptible de los vicios institucionales ni en una superación de las inercias que le han impedido cumplir con su mandato constitucional; el caso más claro es el inmovilisimo de la PGR ante la atrocidad perpetrada en Iguala el 26 de septiembre de 2014 en contra de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, un hecho que sigue causando la indignación social y cuyo esclarecimiento ha sido obstaculizado en forma regular en los casi tres años transcurridos desde entonces.

En suma, el país necesita con urgencia una institución con credibilidad para hacerse cargo de la procuración de justicia y de un funcionario probadamente independiente –sin filiación partidista, de preferencia–, autónomo y capaz para encabezarla, y esas características son clamor y demanda social que no deben ser ignorados.