Puebla, Pue.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, garantizó exhaustividad en las investigaciones que realiza el organismo sobre el origen del financiamiento destinado a la promoción del aspirante presidencial Rafael Moreno Valle Rosas, a través de su libro autobiográfico La fuerza del cambio.

Es la segunda revisión del caso que el INE efectúa para cumplir con una sentencia de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la cual concluyó que la primera inspección no se llevó a cabo de manera minuciosa, lo que derivó en la exoneración del ex gobernador de Puebla de toda responsabilidad.

En gira de trabajo por Puebla, Lorenzo Córdova se rehusó este miércoles a transparentar los hallazgos de las indagatorias que realiza el INE, con el argumento de que se encuentran en proceso. Sin embargo, aseguró que los resultados se presentarán de manera oportuna al Consejo General, para que éste tome la decisión correspondiente.

El 2 de agosto pasado, la sala superior revocó una sentencia de la sala especializada del TEPJF en la que esta última instancia concluyó que no existían elementos para sancionar a Moreno Valle, al PAN o a la editorial del libro, Miguel Ángel Porrúa, por la publicidad de la obra que se denunció en Quintana Roo y Campeche.

Los quejosos acusaron que la publicidad se trata de propaganda electoral disfrazada de anuncios literarios, debido a que los mensajes promueven la imagen de Moreno Valle y utilizan los colores del Partido Acción Nacional, en el que milita.

Moreno Valle ha rechazado tener responsabilidad en la publicidad impresa y audiovisual de la autobiografía, al afirmar que es costeada por Miguel Ángel Porrúa; no obstante, el contrato que firmó con esa empresa y que hizo público la sala superior señala que el ex gobernador “se encuentra autorizado para que por su propia cuenta lleve a cabo la difusión de dicha obra.

No bastaba la simple aseveración de la editorial de que ella fue la responsable de la publicidad denunciada, sino que resultaba indispensable que acreditara con los documentos idóneos la existencia del acto jurídico y los términos en que fue pactado, indicó la sala superior en su sentencia del 2 de agosto pasado.