urante los trabajos de clausura de la 42º sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconocieron que los recientes meses han registrado un repunte en los índices de criminalidad, incluidos delitos de alto impacto, como los homicidios cometidos en contextos de robo, secuestro, violencia intrafamiliar o violencia contra las mujeres. Si bien ambos funcionarios matizaron que la estrategia de seguridad ha mostrado avances en el combate al crimen organizado y que los ilícitos mencionados pertenecen al fuero común, es decir, que la responsabilidad de su prevención y esclarecimiento recae en las policías locales.
El titular del Ejecutivo señaló que esta situación se presenta pese a que en el sexenio la Federación ha destinado más de 70 mil millones de pesos para apoyar a las entidades en sus labores de seguridad, así como una inversión de 6 mil 500 millones en centros de inteligencia y unidades contra el secuestro. De acuerdo con el mandatario, la falta de resultados ante esta inyección de recursos se explica, en parte, porque las fuerzas del ámbito municipal no se han adaptado para hacer frente a los cambios experimentados en el fenómeno delictivo, por lo que llamó a que en su próximo periodo ordinario de sesiones el Congreso apruebe la iniciativa federal en materia de mando policiaco único a escala estatal.
Al analizar los datos provistos por el Presidente y el encargado de la política interior, no puede pasarse por alto que el repunte en crímenes como los referidos constituye un termómetro no sólo de la incapacidad de las autoridades o del inadecuado diseño de las políticas públicas en el rubro, sino también de los alarmantes niveles de descomposición social derivados, entre otros factores, de la falta de perspectivas de desarrollo económico imperantes en vastas zonas del país y de la persistencia de una cultura que menoscaba la dignidad de las mujeres. En consecuencia, sería deseable que las medidas orientadas a reforzar las aptitudes operativas de las policías sean acompañadas por una estrategia integral que ataje las causas de estos flagelos.
Por último, es necesario insistir en una consideración que ya se ha apuntado con frecuencia en este espacio: cualquier reforma legal o institucional en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia será letra muerta si se carece de la elemental voluntad política para hacer cumplir las disposiciones vigentes o cualquier otra que se apruebe en el futuro.
