El secretario de Gobernación (SG), Miguel Ángel Osorio Chong, aceptó: ‘‘En los meses recientes México nuevamente ha enfrentado una situación compleja’’ y se advierte un repunte en el fenómeno delictivo. Apremió a las entidades y a las autoridades federales a redoblar acciones para enfrentar el problema y mantener los esfuerzos más allá de cálculos o coyunturas políticas, como se ha hecho hasta ahora.

A su vez, el jefe de Gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, en su calidad de presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores, llamó a atender ‘‘con seriedad’’ los efectos colaterales del nuevo sistema de justicia penal.

Consideró central mejorar y equilibrar su operación ‘‘para que los derechos de los imputados no estén por encima de los de las víctimas’’, y de ese modo cerrar los ángulos de impunidad ‘‘que han quedado descubiertos’’.

Ambos expusieron ayer los anteriores conceptos en Palacio Nacional, durante la 42 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

A Osorio Chong le fueron aprobadas cuatro propuestas: adoptar y cumplir con indicadores para evaluar y mejorar la actuación de las policías estatales preventivas; diseñar e instrumentar un sistema único de información sobre justicia, seguridad y prevención de violencia contra la mujer; desarrollar un modelo nacional de evaluación de conocimientos en materia de justicia penal, y adoptar un modelo nacional de evaluación y seguimiento a la fase de consolidación del sistema de justicia penal.

Consideró ‘‘impostergable’’ depurar a los policías no aprobados en los procesos de control de confianza, la obtención obligatoria del certificado único policial, dignificarlos salarialmente y adoptar protocolos de actuación.

Mancera Espinosa ratificó en su momento la decisión de los mandatarios locales para impulsar una coordinación efectiva con el gobierno federal en materia de seguridad. Insistió en la importancia de los desafíos y admitió también: ‘‘Se han dado pasos importantes’’.