Mexicali, BC.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la inhabilitación por 10 años que el Consejo de la Judicatura Federal impuso al juez de distrito Carlos Cataño González, vinculado con amparos a importadores irregulares de autos.

Cataño González fue sancionado porque, cuando fue secretario del juzgado segundo de distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Baja California, dio entrada a amparos que permitieron el ingreso ilegal de vehículos procedentes de Estados Unidos, toda vez que esto contraviene el decreto presidencial que impuso restricciones ambientales y fiscales.

El procedimiento administrativo siguió su curso y cuando concluyó con la separación de dos jueces federales y cuatro secretarios de juzgado de distrito, Carlos Cataño ya se había convertido en magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baja California.

En 2014, el CJF suspendió a José Neals André Nalda, juez décimo de distrito en Guerrero, y a Juan Manuel Serratos García, magistrado del quinto tribunal colegiado del circuito auxiliar de la quinta región en La Paz, Baja California Sur. La sanción para ambos fue por tramitar amparos en beneficio de empresas importadoras de automóviles cuando fungían como jueces en el tercer distrito del PJF.

Además de Cataño González, la sanción también recayó en Patricia Ávalos Cornejo, Teresa de Jesús Sandoval Rodríguez y Armando Ochoa Loza, secretarios de ese juzgado federal, así como en Martín Leopoldo Salcido, ex secretario del juzgado primero de distrito.

El magistrado Serratos García fue destituido por el CJF el 8 de marzo de 2016.

Según el expediente 91/2016, el abogado presentó una revisión administrativa ante la SCJN, pero el 25 de junio de 2017 se resolvió infundado el recurso y se confirmó la resolución recurrida por Carlos Cataño.

De manera inexplicable, el Poder Judicial de Baja California lanzó ayer la convocatoria para designar a un magistrado supernumerario, aunque advierte que estará condicionado al recurso administrativo interpuesto por Cataño González, que el organismo asegura está en proceso de resolución.

Sin embargo, la resolución de la SCJN sobre el caso Cataño se tomó hace más de dos meses.