Urge poner en marcha la norma para empresas de subcontratación, tercerización o outsourcing, ya que hay cientos de estas compañías en México –sobre todo pequeñas y medianas– evaden el pago de impuestos, no registran a los trabajadores en el Seguro Social ni en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), operan fuera de la ley e incluso hay firmas golondrinas que abren y cierran sus puertas de un día para otro para eludir regulaciones.

La norma, titulada PROY-NMX-R-086-SCFI 2016 Servicios-Empresas de Subcontratación y Tercerización de Personal, fue elaborada el año pasado y se dio a conocer en diciembre, pero no se ha publicado y está frenada, cuando bien podría llegar a limpiar el sector, señaló el presidente de GINGroup, Raúl Beyruti Sánchez, quien posee más de 200 empresas de este ramo en todo el país, las cuales administran a 138 mil trabajadores en diversos sectores de la economía.

En entrevista agregó que al mismo tiempo hay una iniciativa de ley en la materia en la Cámara de Diputados, que tampoco avanza y debería ser impulsada para terminar con el caos en la subcontratación de personal en el país.

Por ello se buscará que la Secretaría de Economía (SE) anuncie de manera oficial la norma y la ponga en práctica este mismo año, ya que contiene un esquema de puntaje que permitirá que aquellas empresas que la cumplan y reúnan todos los requerimientos legales puedan tener una certificación. De esta forma, los usuarios de los servicios podrán ver cuáles firmas sí son legales y evitarán contratar a las que evaden impuestos y las responsabilidades laborales.

Limpiacristales en un edificio de la calle Montes Urales de la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Miles de trabajadores resultan afectados por la actuación fuera de la ley de empresas de subcontrataciónFoto Francisco Olvera

Se definirá que podrán certificarse aquellas compañías que cumplan un esquema de 120 puntos –o 100 como mínimo–, para evidenciar a las que operan con legalidad, pero también para que los derechos de los trabajadores tercerizados no estén desprotegidos y tengan acceso, por ejemplo, a seguridad social, un crédito del Infonavit y a pensión.

De lo que se trata, resumió Beyruti, es de que las empresas que no paguen impuestos, no registren los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social ni acaten las normas laborales desaparezcan, porque afectan a decenas de miles de trabajadores del sector y a la economía, mediante la evasión.

Expuso que en el país se están dando formas muy rebuscadas de tercerización disfrazada para evadir impuestos. Por ejemplo, hay empresas del tipo que simulan ser cooperativas, lo cual tuvo su apogeo; otras, incluso, crean una especie de sindicatos falsos que administran personal y se aprovechan de esta figura, pues estas organizaciones están exentas de toda revisión fiscal. Algunas más pagan a los trabajadores bajo la figura de asimilados o por honorarios, para no pagar impuestos. Todas estas prácticas tendrán que terminar, sentenció.

También expuso que la norma de tercerización fue elaborada por la SE a instancia de diversas organizaciones del sector inconformes con las irregularidades con que opera gran parte del sector, por lo que incluso se creó un comité que revisará que se perfeccione el proyecto y se reactive su aplicación.