Buenos Aires.

La ex presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner resultó la más votada en las elecciones primarias del pasado 13 de agosto para competir como senadora por Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a los resultados finales del escrutinio definitivo imponiéndose por 33.95 por ciento, contra 33.74 por ciento de su principal contrincante, el candidato de la oficialista alianza Cambiemos, Esteban Bullrich, después de estar sometida a una de las campañas más violentas y sucias que se recuerde en el país.

Unidad Ciudadana entró a último momento en esta campaña como una fuerza creada por Fernández de Kirchner con escasa propaganda y bajo un incesante y duro golpeteo mediático que continúa, obteniendo en el distrito más importante del país 3 tres millones 229 mil 194 votos sobre Cambiemos mientras el candidato del gobierno de Mauricio Macri y de la gobernadora de Cambiemos, María Eugenia Vidal lograba tres millones 208 mil 870 sufragios, después de haber festejado un triunfo que no existió supuestamente por cinco puntos sobre la ex mandataria.

Sin embargo, aún la justicia investiga el polémico conteo provisorio, que se interrumpió imprevistamente cuando llegó a 95 por ciento del conteo dejando fuertes dudas, ya que en el escrutinio definitivo se comprobó graves casos de fraude, en miles de planillas donde incluso figuraba cero votos para Fernández de Kirchner y en otro lugares, especialmente los mayores municipios de la provincia se les habían escamoteado miles de votos. Hay denuncias similares en el interior del país.

De esta manera comienza ya una nueva campaña, en medio de una fuerte crisis económica-social y, especialmente en el tema de derechos humanos donde la desaparición del joven Santiago Maldonado, durante una brutal represión de la Gendarmería contra una comunidad mapuche en Esquel, Chubut, lo que se ha convertido en una conmovedora demanda de millones de argentinos e incluso en partidos de fútbol, donde aparecen banderas demandando la aparición de Santiago.

La Liga Argentina por los Derechos, representados por José Schulman y Graciela Rosenblum junto con el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat y Jorge Colvis, del Instituto Sampay, presentaron una denuncia contra el presidente Macri, el jefe de gabinete, Marcos Peña, los ministros de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos, Patricia Bullrich, Pablo Noceti y Germán Garavano, respectivamente, y contra la cúpula de Gendarmería Nacional por encubrimiento de desaparición forzada de personas. Sostienen que se está frente a un delito calificado de lesa humanidad, imprescriptible en la acción penal.

Barcesat advirtió que a los autores mediatos y a los encubridores del caso les cabe la misma responsabilidad que a los autores materiales de la desaparición de Maldonado, es decir, los que han negado que el cuerpo hubiera sido apropiado por Gendarmería Nacional, la fuerza interviniente en la represión.

Denuncian que el empeño de la ministra de Seguridad y de los restantes funcionarios en ocultar que efectivamente Maldonado está desaparecido” como consecuencia del accionar de Gendarmería configura una desaparición forzada de personas, y la responsabilidad personal en el encubrimiento.

También la familia de Maldonado exige las respuestas demostrando que la ministra Bullrich, evidentemente mintió ante la Comisión del Senado, como se advierte en las pruebas presentadas por sus abogados. Una serie de videos demuestra la presencia del joven acompañando a los mapuches por sus tierras en manos de uno de los nuevos dueños de la Patagonia como la empresa Benetton de Italia y otras transnacionales.

Lo más grave es que el gobierno y los medios masivos de comunicación que lo sostienen y son mayoría casi absoluta en este país, inventaron una serie de operaciones de confusión, que han sido desbaratadas una a una por la lucha de la familia, los organismos humanitarios y periodistas que han investigado lo que no ha hecho el Estado.

Otros periodistas de los medios poderosos tratan de desviar la investigación, como se hacía cuando la pasada dictadura militar (1976-1983).

Sigue el asedio a Milagro Sala

En Jujuy, el gobierno oficialista de Gerardo Morales continúa incumpliendo el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que había dado un plazo para el cumplimiento de la libertad inmediata de Milagro Sala, la dirigente social detenida en esa provincia desde enero de 2016, sin pruebas en las causas que se le imputan. O de ser enviada a prisión domiciliaria.

Con impunidad manifiesta la justicia dispuso enviarla a una casa desmantelada, fuera de la capital de Jujuy, y no a su domicilio. Para apresurar su salida por los peligros que corre en la cárcel, centenares de integrantes del movimiento Tupac Amaru y otros sectores, arreglaron la casa para que pudiera ir la dirigente. Ahora el gobierno dice que faltan cámaras de seguridad alrededor de la casa y que debe poner dos puestos de vigilancia de Gendarmería y policía alrededor. Algo que nunca se ha hecho cuando les dan prisión domiciliaria a los condenados por delitos de lesa humanidad.

En este mismo entorno, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) denunció que la dirigente de ese movimiento social, Julia Rosales, se encuentra internada en grave estado, luego de haber sido baleada con tres disparos desde una moto que se puso a la par del automóvil donde viajaba lo que fue calificado como un atentado. Rosales fue internada y también su automóvil apareció con destrozos atacado en la puerta del hospital donde en se encuentra.

El lunes realizaron una importante movilización contra el gobierno y ahora convocaron a una manifestación ante al Ministerio de Seguridad para este miércoles. Pedimos que paren la mano. Hacemos responsable al gobierno. Hay una persecución a quienes luchamos contra la pobreza, pero no vamos a aflojar. Esta gente no puede pasar si no es con represión, sostuvieron los dirigentes de la CCC.

Respiro para los derechos humanos

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que es una instancia inmediatamente anterior a la Corte Suprema, no otorgó el dos por uno, que les permitiría salir en libertad, al grupo de la Marina “los más duros represores de la Escuela de Mecánica de la Armada ESMA: Alfredo Azitz, Ricardo Cavallo, Antonio Pernías, Jorge Rádice, Miguel Donda, Ernesto Weber, Juan Carlos Fotea, Carlos Capdevilla y Juan Azic.

Aunque la Corte Suprema aún no revisó a pesar de todos los reclamos y demandas locales e internacionales, su resolución de adjudicar el dos por uno, que limitaba la prisión de los condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura militar los camaristas de la Sala II Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Angela Ledesma votaron en contra.

Recordó Slokar que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no pueden ser “pasibles de indulto ni amnistía… y tampoco conmutarse o reducirse la respuesta punitiva impuesta, pues se ingresaría nuevamente en un pasaje de impunidad que se ha desandado paulatinamente durante los últimos 20 años a partir de la incorporación de los tratados de derechos humanos al bloque de constitucionalidad y, especialmente, ante la reapertura de estos procesos, originados en una respuesta legislativa y jurisdiccional, tardía pero concluyente”.

Según señala Página 12 esto es una referencia, por un lado, a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final de 1987 y 1986 y a los indultos decretados por Carlos Menem, que terminaron de dejar afuera a los comandantes juzgados en 1985.

Desde mayo pasado cuando la Corte Suprema claramente presionada por el gobierno, que además impuso dos nuevos jueces, resolvió que podía aplicar el dos por uno se intensificaron los pedidos de todos los represores detenidos, juzgados y condenados, en juicios abiertos. Precisamente fueron los jueces que Macri nombró por decreto poco después de asumir el gobierno quienes se pusieron al frente de esta resolución: Carlos Rosenkratz yHoracio Rosatti a los que acompañaron Elena Highton de Nolasco, mientras que el presidente de la corte, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda votaron en contra.