La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la reforma electoral de Jalisco conocida como ley Kumamoto o #SinVotoNoHayDinero, que plantea reducir el presupuesto que se otorga a partidos políticos en las votaciones locales.

La mayor parte de los ministros consideró que la Constitución delega en los estados la facultad para regular el financiamiento a los partidos nacionales que participan en comicios locales.

El pleno del máximo tribunal resolvió que cada entidad tiene libertad para definir de qué manera asigna recursos a los partidos, nacionales o locales, para las elecciones de diputados estatales, presidentes municipales o gobernadores.

El ministro Arturo Zaldívar expresó que los estados gozan de libertad de configuración para establecer el financiamiento de los partidos nacionales, siempre y cuando sea equitativo y resista un análisis de reglas objetivas y aplicables a todos los partidos políticos.

En votación dividida de siete contra cuatro los ministros declararon infundados los argumentos esgrimidos por los partidos Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Morena en los juicios de acción de inconstitucionalidad interpuestos contra el artículo 13, fracción IV, de la Constitución de Jalisco, que define nuevas reglas para otorgar recursos diferenciados entre las instituciones políticas nacionales y las estatales.

Los ministros consideraron que la reforma de Jalisco no genera inequidad entre los partidos políticos nacionales y los locales, por lo que la mayoría rechazó el proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien proponía declararla inconstitucional y dar la razón a los partidos citados.

Los ministros de la SCJN también validaron las disposiciones definidas en Jalisco, que obligan a los partidos a postular a 50 por ciento de candidatos de cada género para el cargo de presidente municipal.

La reforma impugnada fue publicada el 2 de junio. Uno de los principales argumentos del Congreso de Jalisco para aprobarla fue que el estado se ahorraría aproximadamente 550 millones de pesos en tres años, es decir, 183 millones de pesos por cada uno.