ontra lo presumido por no pocos gobiernos modernizadores y reformistas de la región, a lo largo de la última década los países latinoamericanos con mayor crecimiento económico y social no han sido los que practican el fundamentalismo neoliberal, sino aquellos que han equilibrado fórmulas y encontrado vías alternas, siempre con los intereses nacionales en primerísimo lugar.

Tal es el caso de Bolivia, nación que, con Evo Morales en el Palacio Quemado, registra una de las mayores tasas de crecimiento económico en América Latina (promedio anual de 5 por ciento en la última década), lo que permitió, entre otros elementos positivos, reducir la pobreza extrema a la mitad.

En este tenor, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima que en 2017 el país andino mantendrá el ritmo de crecimiento (del orden de 4 por ciento en ese periodo), luego de que en 2016 registró un avance de 4.3. Si bien esa tasa representa una de las más altas en la región, supone una desaceleración respecto de los pasados tres años, aunque el menor ritmo sería marginal y no afectaría mayormente el citado promedio anual.

¿Cómo marcha la economía boliviana? Dicho organismo regional ofrece un paseo temático y resume sus estimaciones sobre el particular. Va, pues.

En 2016 el crecimiento de la economía boliviana fue impulsado por la inversión en empresas públicas y por una política monetaria expansiva que compensó el débil desempeño del comercio externo, afectado principalmente por los menores términos de intercambio que enfrentó el país tras el descenso de los precios de los productos energéticos y mineros desde finales de 2014.

Los sectores más dinámicos fueron el financiero, la construcción y la industria, con crecimientos de 7.9, 7.8 y 6.2 por ciento, respectivamente, mientras el de los hidrocarburos se contrajo 4.4. En cuanto al gasto, el consumo de los hogares siguió sosteniendo el crecimiento del producto interno bruto, dado que tanto el consumo público como la inversión se desaceleraron en 2016. Los ahorros acumulados durante el superciclo de los precios de los productos básicos permitieron al país financiar el déficit fiscal de ese año, que resultó de 6.6 por ciento del PIB a pesar del ajuste del gasto, ya que éste no alcanzó a compensar la disminución de los ingresos fiscales por las menores ventas de hidrocarburos.

Para 2017 se estima que el crecimiento seguirá moderándose, pues, a pesar de la mejora del contexto internacional, la baja del desempeño del sector de los hidrocarburos no sólo tendrá impacto en la producción, sino también en las finanzas públicas. Según las proyecciones de las autoridades económicas, ese año el gasto fiscal debería ajustarse; sin embargo, el déficit fiscal del sector público consolidado podría alcanzar 7.8 por ciento del PIB, principalmente por el descenso de los ingresos por ventas de gas natural. De esta manera, la inversión y el consumo público podrían verse limitados.

La menor demanda externa de gas natural por Brasil, por la desaceleración industrial y el incremento de la producción de energía hidroeléctrica, así como los trabajos de mantenimiento del campo Margarita, explican esta disminución de la producción de hidrocarburos. La producción de gas natural registró un promedio de 57.8 millones de metros cúbicos diarios, 4.2 por ciento menos que el año anterior, y la producción de petróleo crudo descendió 7.3.

Las bajas tasas de interés, el aumento de la liquidez y el fomento del crédito a los sectores productivos y de vivienda social, en el contexto de la Ley de Servicios Financieros, están estrechamente relacionados con el crecimiento de 7.9 por ciento del sector financiero y 7.8 de la construcción, que también se ha visto impulsada por proyectos de inversión pública. Las actividades que presentaron mayor incidencia en el crecimiento fueron la industria manufacturera (uno por ciento) y los establecimientos financieros (0.5), mientras los hidrocarburos tuvieron una incidencia negativa en el PIB (-0.3). La demanda interna se sostuvo por el consumo de los hogares, que creció 3.4 por ciento, apoyado por el aumento del crédito al sector privado y el incremento de las remesas desde el exterior.

Las empresas públicas nacionales estratégicas tienen un papel fundamental en el plan de desarrollo impulsado por el gobierno, por lo que el banco central ha continuado otorgando financiamiento, de acuerdo con el marco jurídico vigente, para proyectos orientados a la industrialización de hidrocarburos, seguridad energética, industrialización del litio y seguridad alimentaria. En cuanto al incremento de la generación de energía eléctrica, existen dos proyectos hidroeléctricos (Cochabamba y La Paz); ambos agregarán 327 megavatios a la energía generada.

La inversión pública ha continuado expandiéndose como parte del Plan de De-sarrollo Económico y Social impulsado por el gobierno. Según datos oficiales, la inversión pública ejecutada alcanzaba un nivel récord de 4 mil 102 millones de dólares a noviembre de 2016, lo que representa un incremento de 9 por ciento respecto de noviembre de 2015. Destaca en este ámbito la fuerte inversión en agua, saneamiento básico y riego, que ha ayudado a mitigar los efectos de las sequías de años recientes.

Estabilidad cambiaria, menores presiones de demanda y corrección de precios de los productos alimenticios contribuyeron a mantener la inflación en niveles relativamente bajos; en diciembre de 2016 ésta alcanzaba 4 por ciento anualizada, inferior a la tasa media (6 por ciento) que registró en la década pasada. En el primer trimestre de 2017 la inflación registró una variación de 0.48, en tanto que la acumulada a 12 meses fue de 3.34.

Desde 2006 el gobierno ha impulsado la expansión sostenida del salario mínimo: en mayo de 2017 el aumento real fue de 6 por ciento (similar al de 2016). Sin embargo, el incremento del salario mínimo tiene un impacto limitado, dados los altos niveles de informalidad del empleo. El gobierno anunció un plan para reducir la tasa de desempleo, que contempla tanto proyectos en infraestructura, que generarían empleos directos, como programas de capacitación para los trabajadores e incentivos a la contratación para las empresas.

Las rebanadas del pastel

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