La prohibición del trabajo sexual o bien el reconocimiento de los derechos laborales de quienes lo ejercen es un tema que divide opiniones entre colectivos de la sociedad civil, quienes mantienen posturas encontradas en cuanto a si la regulación del llamado sexo de paga significa un aliciente para la trata de personas.

Con el propósito de propiciar un debate informado sobre ello, La Jornada se dio a la tarea de consultar a activistas que defienden cada una de estas posiciones, para que expusieran sus argumentos.

Opciones de salida

Teresa Ulloa, directora en México de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (Catwlac, por sus siglas en inglés), subrayó que los seres humanos no son mercancía que se pueda comprar, vender o alquilar, por lo que debería hacerse ilegal y castigarse la contratación de servicios sexuales, en vez de naturalizarlos. Este esquema –conocido como modelo nórdico, por haber surgido en Suecia en 1999– penaliza con cárcel o multa a quienes paguen a una trabajadora sexual.

Al mismo tiempo, a las mujeres que ofrecen estos servicios se les brindan opciones reales de salida, mediante la posibilidad de desempeñar trabajos distintos, así como con apoyos en materia de educación, salud y vivienda, como señala el protocolo de Palermo contra la trata de personas, explicó Ulloa.

Para la activista, la prostitución no puede ser considerada en ningún caso una alternativa de trabajo elegida de forma libre, pues generalmente las mujeres llegan a ella porque no han tenido otras oportunidades en su vida o arrastran historias de violencia sexual desde niñas, por lo cual son estigmatizadas incluso por su propia familia.

La única manera en que el trabajo sexual podría no ser considerado un acto de violencia es cuando las personas que lo ejercen no lleguen por pobreza, falta de oportunidad o violencia, lo que nos reduce el panorama o la estadística a uno por ciento de los casos.

De acuerdo con Ulloa, en los primeros 10 años de aplicación del modelo nórdico se logró reducir en 70 por ciento los casos de trata. Por ello, el esquema fue repetido después en Noruega, Finlandia, Irlanda, Irlanda del Norte, Francia y Canadá, entre otros países.

Para luchar contra todas las formas de trata y explotación sexual se requieren cambios estructurales que combatan la pobreza, en vez de simular que lo hacen; que garanticen oportunidades para todas y todos, pero en México es más importante la corrupción y aliarse con explotadores y criminales, subrayó.

El sexoservicio no siempre es trata

Elvira Madrid, directora de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, consideró que la ilegalización del trabajo sexual únicamente orillará a la clandestinidad a consumidores y trabajadoras, pero sin erradicar el fenómeno, e interferirá al mismo tiempo en una decisión personal de quienes ejercen esta labor.

En la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas, aseveró, existían más de 50 errores, como confundir la trata con lenocinio o considerar los preservativos como un elemento para fincar los delitos de trata y delincuencia organizada.

Como para las abolicionistas todo es trata, se perdieron muchos derechos de las compañeras (trabajadoras sexuales) y se detuvo a gente inocente, pero con el amparo 112/2013 del Poder Judicial de la Federación (PJF) logramos que se reconociera en Ciudad de México como trabajo no asalariado, que es diferente a la trata. Eso fue un gran logro, destacó.

Luego de manifestar sus dudas sobre la efectividad del modelo nórdico, por considerar que únicamente marginaliza más el trabajo sexual y pone a las mujeres en condiciones de seguridad más precarias, Madrid estimó que no se puede combatir la trata “desde el confort de un escritorio, queriendo salvar a personas que supuestamente no tienen decisión propia.

“Muchos estados en México han prohibido los teibols y los bares, ¿pero eso ha hecho que ellas dejen de trabajar? ¡No! Van a irse a otro lado, porque tienen que pagar sus necesidades, la educación de sus hijos. El cliente tampoco es el culpable; en todo caso, es el sistema capitalista que no está dando alternativas a las mujeres de tener un buen salario”, puntualizó.

Por todo ello, la activista consideró que en vez de prohibir el sexo de paga habría que luchar por la formación de un sindicato de las personas que lo ejercen y exigir al gobierno que se haga realidad lo que dijo el PJF sobre el derecho a la salud, la vivienda, la educación y los empleos alternativos para quienes así lo quieran”.