Aunque el Ejército, la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno del estado de México aceptaron la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), relacionada con el caso Tlatlaya, ninguna de dichas instituciones ha cumplido en su totalidad las observaciones del documento.

Así lo advirtió el segundo visitador general de la CNDH, Enrique Guadarrama, quien señaló que las autoridades impugnadas apenas han cumplido cerca de la mitad de los puntos recomendatorios, pese a que ya ha transcurrido un tiempo razonable para haber avanzado mucho más.

En entrevista con La Jornada, el funcionario recordó que al estudiar lo sucedido el 30 de junio de 2014 en la comunidad de San Pedro Limón, municipio mexiquense de Tlatlaya, el organismo público determinó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habían participado en la ejecución extrajudicial de entre 12 y 15 civiles.

Dichas conclusiones estuvieron presentes en la recomendación 51/2014, emitida el 21 de octubre de ese año, donde la CNDH incluyó 23 puntos, de los cuales 12 estaban dirigidos a la Sedena, ocho a las autoridades del estado de México y cinco a la PGR.

Todos ellos estaban divididos en tres ejes temáticos: reparación integral del daño, determinación de responsabilidades penales y acciones para garantizar la no repetición de los hechos.

Las tres autoridades señaladas aceptaron la recomendación, pero a la fecha han cumplido totalmente sólo nueve de los 23 puntos, mientras los 14 restantes se encuentran en cumplimiento parcial, indicó Guadarrama.

Diría que estamos como a la mitad del cumplimiento de los puntos recomendatorios. Entendemos que las autoridades enfrentaron una situación de complejidad, pero creo que el tiempo (desde que se emitió la recomendación) ya es razonable como para pensar en que tuviéramos un avance mayor, consideró.

La CNDH ha sido insistente y clara de que la aceptación no significa que ahí queda el asunto, sino que empieza un proceso de seguimiento. Se tiene que acreditar el cumplimiento de las recomendaciones para que no quede en el dicho de aceptarlo y esperar que pase el tiempo.

Guadarrama subrayó que si bien la PGR no logró consignar a los militares presuntamente involucrados en las ejecuciones, por diversos errores en la indagatoria, siempre quedó abierta la puerta de que la investigación fuera perfeccionada, como ahora ordenó el juzgado decimocuarto de amparo en materia penal.

Es preocupante la falta de castigo, y la CNDH lo ha señalado de manera enfática y reiterada: este tipo de asuntos deben investigarse hasta saber qué ocurrió. Es fundamental para el derecho a la verdad que se establezcan las responsabilidades de todos los que tuvieron que ver en esos hechos, enfatizó.