La reforma en materia de justicia laboral corre el riesgo de quedarse en el papel y a “medias’, de estar mal hecha y generar caos, porque se buscará aprobar el reglamento de forma exprés, además de que no hay presupuesto para su instrumentación, por lo que debe ampliarse el plazo para ponerla en marcha y abrir el diálogo a los sectores democráticos.

Sindicatos y abogados integrantes del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral plantearon que para poner ésta en marcha deben hacerse cambios a cuatro leyes y dos reglamentos federales, así como a 32 leyes locales y sus reglamentos. También se requieren 32 reformas constitucionales locales, entre otras modificaciones.

Además, denunciaron que nuevamente se ha preferido negociar en secreto la reglamentación, con las cúpulas del poder económico y sindical, sin tomar en cuenta los puntos de vista de todos los sectores involucrados.

En conferencia de prensa, gremios integrantes de este observatorio sostuvieron que ha habido opacidad en el proceso, pues es fundamental que opinen los trabajadores y sindicatos democráticos, ya que la reforma toca temas fundamentales para el sector, como la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje.

Señalaron que desde que la reforma fue dada a conocer, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, se ha negado a entablar un auténtico diálogo con los trabajadores y el sindicalismo independiente.

Por ello exigieron que los reglamentos que se elaboran sean sometidos a deliberación pública, las cual garantice que por ningún motivo se pierdan los principios protectores de los derechos considerados en la Ley Federal del Trabajo. También manifestaron su oposición a cualquier defensa del tripartismo en la integración del órgano que se encargará del registro de sindicatos y contratos colectivos de trabajo, ya que si el sector empresarial y el sindicalismo corporativo forman parte de la nueva instancia autónoma, van a querer controlar a qué gremios y contratos otorgárselo.

Expusieron que el reglamento deberá garantizar el ejercicio del derecho de huelga y la negociación colectiva, obligatorios para construir un sistema sindical democrático y erradicar efectivamente el régimen de contratación colectiva de protección patronal.