Siete gobernadores impugnaron los lineamientos de ‘‘piso parejo’’ con argumentos similares a los de la Presidencia de la República o incluso copiaron el recurso presentado por el gobierno federal en contra de la norma establecida por el Instituto Nacional Electoral (INE).

De las 311 apelaciones interpuestas, el grupo de mandatarios locales coincidió en pedir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que revoque los lineamientos al considerar que el instituto no tiene facultades para hacer cambios legales de esta envergadura y tampoco puede limitar la difusión de propaganda gubernamental por medio de radio, televisión, redes sociales o colocada en vía pública.

Entre los inconformes se encuentran los gobernadores del estado de México, Eruviel Avila; el veracruzano Miguel Ángel Yunes; el chiapaneco Manuel Velasco; de Colima, Ignacio Peralta; San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, y el de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel.

El equipo jurídico de Ordaz Coppel copió prácticamente el recurso presentado por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, con ligeras adaptaciones al ámbito estatal, como se puede apreciar en la mayor parte de su documento.

La Presidencia, según copia de su recurso, menciona como tercera fuente de agravio que ‘‘los lineamientos contenidos en la resolución recurrida transgreden lo establecido por los preceptos arriba citados, en virtud de que la autoridad responsable limita el ejercicio de los recursos asignados a las dependencias, órganos y entidades del gobierno federal, para destinarlos a la promoción y difusión en medios de comunicación como radio y televisión, sobre programas gubernamentales’’.

En tanto, el Ejecutivo de Sinaloa enunció como tercera fuente de agravio: ‘‘Los lineamientos contenidos en la resolución recurrida transgreden lo establecido por los preceptos arriba citados, en virtud de que la autoridad responsable limita el ejercicio de los recursos asignados a las dependencias, órganos y entidades del gobierno estatal para destinarlos a la promoción y difusión en medios de comunicación como radio y televisión sobre programas gubernamentales. Facultad del Congreso para aprobar el presupuesto’’.

Dicho párrafo y muchos más aparecen en la apelación presentada por el consejero jurídico del gobierno de San Luis Potosí, Daniel Pedroza, quien la adereza con información local como los montos del Presupuesto de Egresos de la entidad.

En tanto, el gobierno de Chiapas, además de cuestionar las facultades del INE para emitir dichas reglas, pone énfasis en que no se puede limitar el uso de redes sociales al tratarse de un medio expansivo de la libertad de expresión.

A estos recursos se suman los de varios comités estatales del PRI, como el del estado de México, que pide no aplicar dichos lineamientos porque, según sus argumentos, son violatorios del derecho ciudadano a ser informado y de la obligación de los servidores públicos a rendir cuentas, por medio de la difusión de propaganda.

En tanto, Horacio Duarte, representante de Morena ante el instituto, señaló que la Presidencia y los gobernadores inconformes torpedean al INE, siendo que este organismo ha sido complaciente con ellos durante diversos procesos electorales. ‘‘Por tanto, el reclamo que debiera hacer Lorenzo Córdova no es a los partidos a (la organización civil) Ahora o a Morena, es a Enrique Peña Nieto. Y lo reto a que tenga valor y lo enfrente’’, afirmó.