Previo a su comparecencia del próximo martes ante la Comisión Permanente, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, envió un informe a ese órgano del Congreso en el que responsabiliza al consorcio Aldesa Epcor, al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y al presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, de las anomalías y omisiones que provocaron la muerte de dos personas cuyo automóvil cayó en el socavón que se formó en el Paso Exprés.

El funcionario federal sostiene en el escrito que ni el mandatario estatal ni el munícipe hicieron lo necesario para rescatar a las dos personas.

En ese informe, remitido anoche a la presidencia de la Comisión Permanente, Ruiz Esparza sostiene que las muertes de Juan Mena López y su hijo Juan Mena Romero, el pasado 12 de julio durante ‘‘un desafortunado accidente automovilístico’’, pudo evitarse si la constructora hubiera embovedado la alcantarilla y el gobierno municipal hubiera retirado oportunamente la basura que se arrastra por el drenaje en época de lluvias.

El secretario hace notar que el día del accidente el subsecretario de Infraestructura de la SCT informó a las 6:15 de la mañana al gobernador Graco Ramírez del accidente y de que las personas aún estaban vivas, ‘‘y ni en ese momento ni a lo largo de todo el día hubo presencia de funcionarios de los gobiernos estatal o municipal’’.

Precisa el informe que Protección Civil de Morelos realizó el primer descenso para evaluar los daños dos horas después de la caída del vehículo, sin el equipamiento necesario y sin intentar el rescate de los ocupantes. Advierte, asimismo, que la recuperación de los cuerpos sin vida de las dos víctimas se dio 10 horas después del incidente y la necropsia confirmó que la causa del deceso fue por asfixia.

Señala que la Dirección de Protección Civil de Morelos ya tenía conocimiento del riesgo inminente que exigía la realización de acciones inmediatas. ‘‘Existen oficios de la Conagua que acreditan que se solicitó al municipio de Cuernavaca la debida atención y limpieza del cauce y no se llevó a cabo’’.

En el reparto de culpas, Ruiz Esparza expone que conforme a la Ley de Obra Pública y el Reglamento Interior de la SCT, la responsabilidad de la dependencia a su cargo es normativa y corresponde a las delegaciones estatales la facultad operativa. ‘‘Es decir, cuentan con áreas facultadas administrativa, técnica, financiera y operativamente para vigilar la construcción de las obras que se desarrollan en las entidades federativas’’.