na vez más, el equipo de investigación de La Jornada Zacatecas presenta un caso en que autoridades de una institución educativa se ven involucradas en presuntas conductas irregulares o, de plano, corruptas, en el manejo de cantidades significativas de recursos públicos.

El caso de la Universidad Politécnica de Zacatecas es uno más de los denunciados por la Auditoría Superior de la Federación en años recientes, sin que hasta la fecha se conozca de algún servidor público sancionado penalmente.

La impunidad evidente, el modus operandi similar, así como la cantidad de irregularidades denunciadas por la auditoría deben considerarse indicios de la existencia de una amplia red dedicada a privatizar recursos del erario, coordinada por servidores públicos de primer nivel. Son señales de que estamos en presencia de crimen organizado y la autoridad debe actuar en consecuencia.

Una constante de la manera en que operan esta red y muchas otras denunciadas en el resto del país es la participación de empresas inventadas sólo para emitir facturas por la prestación de servicios o la venta de bienes al ente gubernamental de que se trate.

La publicación del resultado de esta nueva investigación busca llamar la atención de las autoridades responsables de la procuración de justicia e insistir en la necesidad de que la sociedad en conjunto afiance su convicción sobre los daños que la corrupción y la impunidad provocan en la convivencia social y en los cimientos de toda la estructura del Estado mexicano.

Pero el cambio de conducta más importante que todos debemos tener ante la corrupción es de naturaleza política. La mayoría de los mexicanos no asociamos los graves problemas que hoy enfrentamos con la orientación que hemos dado a nuestro sufragio ni hemos aprendido a utilizar el voto para castigar o premiar a partidos y políticos en función de su desempeño. Un paso inicial que todos podemos dar para combatir la corrupción es la denuncia de conductas ilegales.