La Procuraduría General de la República (PGR) trabaja con meticulosidad en los argumentos legales para conseguir que Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, sea extraditado de Panamá. Existe suficiente información y pruebas que lo incriminan en delitos de alto impacto social, aseguraron funcionarios de la dependencia.

Al cuestionarles sobre si el plazo de 60 días destinados a integrar el expediente judicial contra Borge es suficiente para sustentar todos los alegatos que el caso amerita, se dijo a este diario que si es preciso se extenderá 30 días más, porque lo relevante será enfrentar cualquier maniobra legal de la defensa que pretende dos vías: encauzar el procesamiento en aquel país o controvertir los señalamientos del Ministerio Público federal, para que su cliente purgue una pena irrisoria.

La pretensión de la PGR es traer a suelo mexicano a Borge Angulo. El caso, se informó, se ajusta a los marcos jurídicos de México y Panamá, y también se enmarca en los tratados bilaterales signados por las dos naciones.

Una vez que el tribunal superior de apelaciones de Panamá determinó que el ex gobernador de Quintana Roo debe permanecer detenido hasta ser extraditado a México, y fue rechazada la petición de los abogados defensores para sustituir la detención cautelar a través del pago de una fianza, se advirtió que sobre el imputado pesan diversas causas penales que hacen inviable tal petición.

Incluso, la máxima autoridad judicial en Panamá informó al Ministerio Público mexicano que en caso de requerir un plazo mayor para intergar sus carpetas acusatorias estaría en la dispocición de incrementarlo hasta en 30 días más.

Las causas penales contra el ex gobernante son una del fuero federal por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y tres restantes del fuero común por peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública.