El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Alvaro Vizcaíno, insistió en la urgencia de incluir entre los delitos que ameritan la prisión preventiva el robo de hidrocarburos y la portación de armas de alto calibre.

Al participar en el foro La justicia que México necesita: Mitos y realidades del nuevo sistema penal acusatorio, el funcionario reconoció que esa reforma es desafortunadamente necesaria por debilidades estructurales del nuevo modelo, específicamente de la capacitación de policías y en la operación de las unidades de medidas cautelares (Umecas), responsables de decidir cuándo el imputado debe ir a la cárcel o quedar libre bajo caución.

Su voz fue la única en favor de ampliar el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva, durante los dos días que duró el foro, organizado por el Instituto Belisario Domínguez. El funcionario dijo que en nueve años desde que se aprobó la reforma constitucional que creó el sistema penal acusatorio, no se instaló o no se logró madurar correctamente las Umecas, proceso que puede tardar dos años, por lo que es necesario reformar el marco legal, para poner un tope a la portación y acopio de armas de uso reservado al Ejército.

Es un hecho, insistió, que hay más armas en las calles y un incremento de 400 por ciento en los homicidios dolosos cometidos por personas armadas.

Grandes ganancias

Reiteró que se requiere la prisión preventiva para los llamados huachicoleros, quienes obtienen más de 25 mil millones de pesos al año por el robo de hidrocarburos, cifra que es tres veces más de lo que se destina al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, o sea los recursos que reciben las entidades de la República.

Vizcaíno hizo un largo recuento de las deficiencias de las Umecas: de las 32 entidades federativas, sólo tres cuentan con unidades en condiciones de intermedias a óptimas en operación. Otras tres no tienen Umeca y la función de definir quién debe ir a prisión preventiva la improvisan con personal del sistema penitenciario.

Aunado a ello, detalló, hay desbalance en las cargas de trabajo, pues en cinco entidades se concentran 554 operadores de Umecas, 60 por ciento del total. Otro dato relevante, dijo, es que en uno de cada tres casos no atienden la solicitud de evaluación de riesgo y no entregan la opinión técnica requerida para que el juez decida si concede la libertad condicional.