El tsunami de sangre y violencia en que el país está inmerso no se debe a la puesta en marcha del sistema de justicia oral, sino a la equivocación de meter al Ejército en el combate al crimen organizado, en tareas policiacas, con índices de tortura elevados en ciento por ciento, aseguró Santiago Corcuera, ex presidente del Comité contra Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En el foro La justicia que México necesita: Mitos y realidades del nuevo sistema de justicia penal, recalcó que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) le echa la culpa a este modelo de enjuiciamiento oral, “cuando la culpa la tuvieron ellos porque no usaron los recursos que se les dio para el entrenamiento de los jueces y fiscales, así como la adaptación de los tribunales.

No hay un enfrentamiento entre los derechos de las víctimas y del imputado. Es un falso debate, porque se confunde la justicia con venganza.

Insistió en que los informes y conclusiones de todos los comités de la ONU en materia de derechos humanos respecto de cualquier país en donde un gobierno comete la equivocación de utilizar a las fuerzas armadas en labores policiacas, señalan que se genera necesariamente una espiral de violencia.

“La mala decisión que tomó Felipe Calderón, en diciembre de 2006, para combatir al crimen organizado, la estamos sufriendo en un tsunami de sangre en el que seguimos revolcados. Desde aquel entonces hasta hoy se tienen más de 30 mil personas desaparecidas, decenas de miles de desplazadas e índices de tortura elevados en ciento por ciento, según estudios de la ONU y de Amnistía Internacional”, indicó.

Por su parte el ministro Jorge Pardo Rebolledo advirtió que para la Suprema Corte de Justicia de la Nación tanto policías como militares deben respetar los derechos humanos contenidos en la Constitución, sin importar quién participa en acciones contra la delincuencia.

Al participar como moderador en una de las mesas de debate, Pardo Rebolledo coincidió en que no debe pensarse en una contrarreforma, sino en ajustes que no vayan contra los principios del sistema acusatorio, que doten de mejores instrumentos para operar, ya que es fundamental tomar en cuenta tanto la perspectiva de los derechos fundamentales de las personas que son sometidas a proceso como de las víctimas.

Académicos y juristas señalaron que no debe haber regresiones en el nuevo modelo acusatorio, ya que con el anterior modelo 73 por ciento de los procesados fueron sometidos a tortura para declararse culpables. De acuerdo con la reciente encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre población privada de su libertad, 63.8 por ciento de los encarcelados declaró haber sufrido algún tipo de violencia física, es decir, que la mayoría de las personas que están en prisión han sido objeto de tortura, recalcó la doctora Mara Gómez, subcontralora del Senado.

Hubo diversas propuestas. El comisionado de Seguridad Pública de Morelia, Bernardo de León Olea, planteó quitar al Ministerio Público la facultad de investigar, y crear una ley de policía de investigación criminal que regule estas actividades.

Al clausurar el foro, el senador Luis Humberto Fernández, del Bloque PT-Morena, advirtió que en lugar de culpar de todos los males al sistema penal acusatorio, lo que se debe poner sobre la mesa es el papel de las autoridades en la procuración de justicia, porque era patético antes, pero ahora es patético y vergonzoso.