Santiago.

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, envió al Congreso tres proyectos para reformar el criticado sistema de pensiones heredado de la dictadura de Augusto Pinochet.

La reforma incluye elevar la cotización actual, de 10 por ciento del salario, a un 15 por ciento con cargo al empleador, y que los fondos adicionales sean manejados por un ente estatal.

La iniciativa del gobierno de la socialista rompe el principal paradigma del sistema, que dejaba en el trabajador la responsabilidad exclusiva del ahorro para sus pensiones, al introducir 5 por ciento de cargo al empleador. De ese monto, 3 por ciento irá a la cuenta individual del trabajador y el restante 2 por ciento será destinado a un nuevo ahorro colectivo.

Esta fórmula permite incrementar el monto de las pensiones actuales en 20 por ciento para más de 90 por ciento de los pensionados del sistema de capitalización individual. ¿Desde cuándo? Inmediatamente que se implemente la ley, dijo la mandataria chilena.

Desde el momento de su vigencia, la norma señala el incremento gradual de las cotizaciones desde uno por ciento el primer año hasta alcanzar la tasa de 5 por ciento en seis años. De esta forma, el monto de la cotización mensual se incrementará a casi 18 por ciento, desde el casi 12.3 por ciento promedio de hoy, menor al promedio de América Latina (14.2 por ciento) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (17.6 por ciento).

Bachelet también planteó una reforma constitucional para la creación de un consejo estatal autónomo, que tendrá a su cargo la administración del ahorro colectivo. Un tercer proyecto modifica y perfecciona el marco regulatorio del funcionamiento de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), con el fin de potenciar la participación de los afiliados en el sistema, fortalecer su transparencia e introducir mayor competencia y más eficiencia en la gestión. Las poderosas administradoras han rechazado la iniciativa, que les impedirá gestionar los aportes adicionales de los trabajadores.

Los proyectos vienen a sumarse a otra reforma que Bachelet realizó en su primer gobierno (2006-2010), cuando creó una pensión básica universal para todos los excluidos del sistema, que hoy entrega pensiones de unos 157 dólares a 1.3 millones de personas.

En la actualidad, el promedio de las pensiones entregadas por las AFP (creadas en 1981 por Pinochet, que gobernó de 1973 a 1990) llega a 350 dólares, mientras manejan activos por cerca de 200 mil millones de dólares.

El sistema prometió a los afiliados otorgar una pensión equivalente a 70 por ciento del último salario, algo muy distante a lo que ocurre hoy.

La ley viene a saldar una compleja situación de pensiones en Chile, con un monto de jubilaciones bajísimo para la gran mayoría de los pensionados.

El sistema actual ha sido duramente criticado por los trabajadores, que han salido a las calles a pedir el fin de las AFP y el retorno del sistema de reparto estatal.

Distorsiones en jubilación militar

Bachelet anunció también que en un plazo de 45 días los ministerios del Interior y de Defensa elaborarán una propuesta con el fin de igualar las jubilaciones de los militares, que en promedio son siete veces más altas que las del resto de los chilenos.

El sistema de pensiones para personal castrense es mantenido gracias al 10 por ciento de la venta del cobre –del cual Chile es el mayor productor mundial–, equivalente a más de 20 mil 400 millones de dólares desde 1990.

En las semanas recientes, las críticas arreciaron tras la revelación de las millonarias pensiones de invalidez que reciben militares jubilados, entre ellos el hijo mayor de Pinochet, quien cobra desde hace 40 años mil 400 dólares mensuales por ese concepto, pese a que trabajó sólo ocho años en el ejército.