a propuesta del Ingreso Ciudadano Universal o Renta Básica, enfrenta resistencias, tanto ideológicas como conceptuales, profundas. Otorgar a toda persona un ingreso periódico sin contraprestación, va contra la frase bíblica con la que Jehová habría castigado a Adán y Eva al expulsarlos del paraíso: Ganarás el pan con el sudor de tu frente, que tenemos grabada hasta los huesos. Por ello, la reacción, casi instintiva, de shock, cuando oímos que alguien sugiere que el Estado otorgue dinero a las personas de manera periódica, sin que medie trabajo o pensión después de haber cotizado muchos años, es decir, una transferencia monetaria no contributiva, es similar a la que tendríamos si viéramos un hipopótamo volando. Antes del Progresa (1997), incluso los que en México trabajábamos en temas de pobreza y política social, en la tradición del Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural (Pider, 1970-1976), de Coplamar (1976-1982) o del Pronasol, pensábamos que lo que el gobierno tenía que hacer eran inversiones que aumentaran la productividad agrícola, mejoraran las condiciones de vida; también aceptábamos el papel de los subsidios a la producción agrícola o al consumo de bienes básicos. En ninguno de estos casos se entregaba dinero en efectivo a las personas o los hogares. Aunque en Europa, Estados Unidos y algunos países de Sudamérica (del Cono Sur en particular), los pagos en efectivo ya tenían una larga tradición, se otorgaban a grupos de pobres merecedores (niños, ancianos, viudas) o desempleados. Al surgir el Progresa en 1997, cuya acción central fue la entrega de dinero a las jefas de hogares en pobreza extrema, nuestra reacción fue de shock. En los anteriores programas dirigidos a los pobres, a los campesinos, a los habitantes de barrios populares, se continuaba la tradición de exigir trabajo (ahora colectivo, no individual) a cambio de los beneficios: en Pider, trabajo en las obras sin pago; en Coplamar, jornadas de trabajo comunitario; en Pronasol, comités que organizaban el trabajo no remunerado de los beneficiarios. Quizá por ello los diseñadores del Progresa decidieron no entregar las transferencias monetarias (TM) sin exigir algo a cambio; ya no trabajo, sino buena conducta: que los niños asistan a la escuela y que las mujeres e infantes acudan a la clínica. Por ello, las TM que otorgó el Progresa, después Oportunidades y finalmente Prospera (POP), se conocen en la bibliografía internacional como transferencias monetarias condicionadas (TMC); como además son focalizadas a los hogares en pobreza extrema, las podemos llamar transferencias monetarias focalizadas y condicionadas (TMFC). Pablo Yanes ha dado en el clavo al señalar que:

“…un aspecto positivo de los programas de transferencias condicionadas (PTC) y que probablemente sea el más duradero a largo plazo es que, al margen de la focalización y de las condicionalidades, las transferencias monetarias no contributivas pagadas con recursos fiscales han obtenido una condición de legitimidad y naturalidad en las políticas públicas, por lo que cada vez se discute menos la transferencia monetaria en sí misma y, en cambio, los puntos de debate son sus coberturas, montos, así como la pertinencia o no de la focalización y las condicionalidades” (¿De las transferencias monetarias condicionadas al Ingreso Ciudadano Universal?, Acta Sociológica, número 70, mayo-agosto 2016, p 134).

Como señalé en Economía Moral del 6/5/16, el POP logró un triunfo conceptual: que aceptáramos que no está mal dar dinero a los pobres. Nos familiarizó con la idea de las TM desligadas de la seguridad social, es decir, no contributivas, y las legitimó. Pero todavía esa legitimidad venía atada a que fueran focalizadas a la pobreza extrema y condicionadas a una cierta conducta del receptor. Añadí, refiriéndome a la Pensión Alimentaria del DF, que Andrés Manuel López Obrador creó:

“Las TM otorgadas a todos los adultos mayores residentes en la Ciudad de México tienen dos características contrastantes con las TMCF: son universales e incondicionales. Es decir, son TMIU (transferencias monetarias incondicionales y universales) … El rechazo inicial… fue seguido por su pronta imitación por el gobierno federal en las áreas rurales del país (Programa 70 y más). Casi de golpe y porrazo se legitimaron las TMIU, aunque todavía restringidas a grupos de personas merecedoras. Todas las TM [no contributivas] rompen la liga trabajo-ingresos [sudor-pan], que es la regla central del capitalismo o sistema centrado en el trabajo pagado. Pero las TMC sustituyen el trabajo con asistencia a la escuela o las clínicas, manteniendo así una liga tareas-ingresos [esfuerzo-pan]… Con la pensión universal a adultos mayores, la ruptura entre trabajo e ingresos ya no se sustituye por ninguna tarea, es la incondicionalidad radical, pero todavía restringida a grupos merecedores”.

En dicha entrega concluí, incorporando a la discusión la automatización creciente:

Al crearse el seguro de desempleo en los países del centro, se legitimó la ruptura trabajo-ingreso cuando las personas no podían laborar contra su voluntad. Se aceptó que la falla no era individual sino sistémica y, por tanto, que era justo que fuese la sociedad en su conjunto la que cargase las consecuencias de la falla. Si el desempleo crónico, y el empleo precario e inestable, ambos crecientes, que caracterizan nuestra época, no son fallas individuales, sino resultado de los logros tecnológicos del capitalismo que, de manera generalizada, remplaza el trabajo humano (manual e intelectual) por la automatización total; si el trabajo formal, estable, durante tres o cuatro decenios, y luego la jubilación pagada, ya no será el futuro de la mayoría, el Ingreso Ciudadano Universal (ICU) es la única solución.

Sólo si la población tiene ingresos para comprar y, en consecuencia, sobrevivir, subsistirá el capitalismo, aunque ya no sería (sólo) la sociedad del trabajo pagado. Pero como mostré en la entrega de la semana pasada (4/8/17), el ICU no sólo resolverá este problema, sino que erradicará (en 15 años) la pobreza extrema de ingresos del Coneval y en 20 la indigencia de ingresos del MMIP (Método de Medición Integrada de la Pobreza), que las TMFC no han logrado reducir en las dos décadas que llevan funcionando en nuestro país. Una razón de tan mal resultado, que mencioné en la entrega anterior, es el bajo monto de las TMFC que el POP otorga a su población beneficiaria (175 pesos mensuales por persona en promedio). Otra razón es que no transfiere ingresos a todos los pobres de ingresos, ni siquiera a todos los pobres extremos de ingresos (PEI), incluso considerando la definición minimalista con la que el Coneval los identifica. En términos de la terminología utilizada en la bibliografía sobre focalización, el POP incurre en muy altos errores de exclusión, EE (no atender a personas que son PEI, o sea cuyos ingresos son menores a la línea de bienestar mínimo –LBM– del Coneval) y también en altos errores de inclusión (EI), atender a quienes no son PEI. (El cuadro muestra ambos errores en 2014). De 27.6 millones de PEI en el país, según el Coneval, sólo fueron atendidos 12.9 millones según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) y fueron excluidos 14.7 millones, lo que, en términos relativos es 53.2 por ciento de los PEI (EE: 14.7 millones o 53.2 por ciento de los PEI). Por otra parte, 13.1 millones que no son PEI fueron atendidos por el Prospera, lo que significa un EI de 50.4 por ciento. La PEI se reduce muy poco porque la focalización no funciona y a los 12.9 millones de PEI que si se atienden se les transfieren cantidades muy bajas. El ICU cambiaría esto radicalmente.

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