as acusaciones en contra de Rafael Márquez y Julión Álvarez (presuntamente relacionados con narcotráfico y lavado de dinero) han puesto a parir al gobierno peñanietista (ahora afanosamente dedicado a borrar fotografías comprometedoras), pues –una vez más– sus instituciones de procuración de justicia, inteligencia financiera, administración tributaria y seguridad nacional han sido exhibidas por el Departamento del Tesoro.

De igual forma, desnudó, como si hiciera falta, la superficialidad –no exenta de “e$tímulos” adecuados– con la que la autoridad carcelaria clasifica la relevancia de los acusados que terminan tras las rejas.

Lo anterior, porque, por ejemplo, el narcotraficante Raúl Flores –del que Márquez y Álvarez presuntamente eran testaferros– cómodamente permanecía en el Reclusorio Sur, cuando desde su captura debió ser enchiquerado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, por tratarse, de acuerdo con el Departamento estadunidense del Tesoro, de un delincuente de “talla mundial al nivel de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada”.

No es la primera vez, y desde luego no será la última, en la que al gobierno mexicano lo agarran papando moscas y es exhibido por ineficiencia –en el mejor de los casos– o de plano, complicidad en asuntos relacionados con el narcotráfico y, desde luego, el lavado de dinero.

Cómo olvidar el caso del banco trasnacional HSBC (destapado en julio de 2015), acusado en Estados Unidos de blanquear (entre 2007 y 2008, en la administración de Felipe Calderón) alrededor de 7 mil millones de dólares de los cárteles mexicanos de la droga, por medio de su filial en nuestro país. Y de ello, oficialmente, no se enteró la inteligencia financiera del gobierno mexicano. Y uno más, en 2001 (con Fox en Los Pinos), cuando el gobierno gringo puso en marcha la Operación Casablanca en la que, por las mismas razones, resultaron involucrados funcionarios de Bancomer.

Ahora, destapado el caso de Márquez y Álvarez, voces de la Procuraduría General de la República reconocieron que apenas se enteraron momentos antes de que el Departamento del Tesoro divulgara el resultado de sus investigaciones que le llevaron un par de años. Nadie supo, nadie sabe, dónde quedaron la Comisión Nacional de Seguridad y los muchachos del Cisen a la hora de clasificar el grado de peligrosidad del capo Flores.

Pero destapado el caso por el Departamento del Tesoro, entonces sí: a Flores se lo llevaron al penal de máxima seguridad del Altiplano, la Unidad de Inteligencia Financiera ordenó bloquear todas las cuentas bancarias de los dos involucrados y la PGR solicitó información” al gobierno de Jalisco sobre 20 empresas que autoridades estadunidenses vinculan con organizaciones criminales y presumió un intenso intercambio de información con su contraparte gringa. Moviditos, pues, pero en los hechos no hicieron nada de lo que por ley están obligados.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda bateó a todos y se negó a informar sobre el caso del futbolista y el cantante (ejemplos para la juventud, según Peña Nieto), porque, dijo, en apego al marco legal mexicano no revela ni comenta el contenido de ningún tipo de indagatoria que se lleva a cabo en éste y otros ámbitos. No hay que olvidar que la Unidad de Inteligencia Financiera (a cargo de Alberto Bazbaz, el ex procurador mexiquense que no encontró a la niña Paulette) depende de la propia Secretaría de Hacienda.

Y también está el Sistema de Administración Tributaria, el temido SAT, que ahora reconoce que canceló multas fiscales a una de las empresas de Rafael Márquez (Fundación Futbol y Corazón AC), al tiempo que el gobierno mexicano le canalizó multimillonarias aportaciones, por ser donataria autorizada de la Secretaría de Hacienda.

En ese sentido, oficialmente dicha fundación de Rafael Márquez obtuvo 77.3 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda (de acuerdo con la información de la dependencia pública) en los primeros cuatro años de gobierno de Enrique Peña Nieto, distribuidos de la siguiente forma: 17 millones en 2013; 13.3 millones en 2014; 22 millones en 2015 y 25 millones en 2016.

Es de suponer que la Secretaría de Hacienda (para eso está su Unidad de Inteligencia Financiera) investiga a todo aquel –persona o fundación– que solicita donativos y para qué causa, y con base en la información recabada decidir si se canaliza o no el dinero solicitado. A lo largo de cuatro años a Rafael Márquez le entregó más de 77 millones de pesos, ¿y no se enteró de nada?

De nueva cuenta las sacrosantas instituciones del Estado mexicano recibieron un pastelazo de los vecinos del norte, pero sería iluso limitarse a decir que no aprenden. En realidad, por omisión o comisión, resultan cómplices en muchos jugosos negocios privados, sean éstos por la vía de las concesiones, las condonaciones o lo que se les ocurra.

De siempre se ha sabido de los negocios sucios, pero extremadamente lucrativos, que se hacen con el futbol y los espectáculos como telón de fondo, y quiénes los encabezan y benefician (las televisoras como amas y señoras de la farándula y el juego del hombre, y socias del poder político). La industria del entretenimiento, pues, que a los mexicanos le resulta cada día más oneroso, porque de sus bolsillos salen todos los recursos involucrados en este tipo de enjuagues.

En el jugoso negocio del futbol –el mexicano y el del resto del mundo– todo se permite, hasta lo legal. Están los casos de la FIFA –robo en despoblado– de los cracs que evaden impuestos en cantidades multimillonarias, los amafiados representantes y toda la cauda de dueños, directivos, anunciantes y conexos que hacen del negocio con este deporte uno de los más sucios del mundo. Por eso nadie se entera de las marranadas que allí se cometen.

Cómo olvidar que la Auditoría Superior de la Federación reportó que de 2001 a 2005 (con Fox en Los Pinos) el SAT condonó miles y miles de millones de pesos en créditos fiscales (impuestos causados, pero no enterados) y entre los principales beneficiarios aparecían empresas de entretenimiento y comunicaciones, clubes de futbol, compañías editoriales y dos cadenas televisivas. ¿Cuáles serían? Y sexenio tras sexenio el numerito se repite, de tal suerte que hay que esperar otro pastelazo, mientras las instituciones duermen o fingen demencia.

Las rebanadas del pastel

Dicen en la SCT que aún no hay responsables por el Paso Exprés. ¿En serio?, porque desde el principio todos saben quiénes son.

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