La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) enfrenta presiones presupuestales para llevar a cabo la puesta en marcha de la reforma en materia de justicia laboral, que contempla la desaparición de las juntas de Conciliación y Arbitraje –federal y locales–, el que los juicios laborales sean atendidos en juzgados del Poder Judicial y la creación de un organismo de conciliación

El titular de la STPS, Alfonso Navarrete Prida, indicó que la dependencia enfrenta el reto de solventar la instrumentación de esta reforma, que es constitucional. Hizo ver que la secretaría tiene asignado un presupuesto similar al del inicio de administración y el monto de recursos alcanza para menos por el efecto inflacionario.

¿Qué problemas, y qué presiones presupuestales está enfrentando en este momento la secretaría? Hay una muy importante que tiene que ver con un reto constitucional, que es la puesta en marcha de la reforma al sistema de justicia laboral y la tenemos que enfrentar pronto, dijo el funcionario.

Hizo ver que la vacatio legis, periodo que transcurre desde la publicación de la reforma hasta su entrada en vigor, se vence en febrero de 2018 y la administración termina el último día de noviembre del próximo año, por lo que la dependencia necesita moverse con agilidad, con prisa y tiene que ser muy eficaz, ya que se tiene que solventar el compromiso constitucional, aunque no hay muchos recursos para ello.

Este hecho genera a toda la secretaría una presión muy fuerte en una época de reducción del gasto público, por lo que se está trabajando en una disminución de costos en otras áreas.

Por lo pronto, se están usando tecnologías para digitalizar los expedientes, lo que significa que al cerrar las juntas y que los asuntos los retome el Poder Judicial, no le pasará cientos de miles de expedientes, sino un sistema, lo que le permitirá disminuir costos, indicó Navarrete.

También planteó que 60 por ciento de los asuntos que se ventilan por ejemplo en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no son temas laborales, sino de seguridad social, muy injustos, porque muchos son de derechohabientes que reclaman sus derechos; trabajadores que no pueden cobrar sus pensiones, están mal calculadas sus jubilaciones o no designaron beneficiarios y otros similares y hay una cerrazón de las instituciones. Casos que van a disminuir por miles con el nuevo esquema.

Según Navarrete, a pesar de la presión presupuestal, no va a haber afectación de un solo derecho laboral de un solo trabajador ni de la secretaría, ni de las juntas.