Legisladores, juristas y autoridades del área de seguridad pública rechazaron que sea responsabilidad del nuevo sistema de justicia penal acusatorio el incremento de la criminalidad y la violencia en el país, y afirmaron que no se requiere una contrarreforma legal, sino algunas adecuaciones, entre ellas a la figura de prisión preventiva.

El sistema de justicia oral no está fallando, los que se han equivocado son algunos operadores e instancias del mismo, que no se construyeron bien o no han terminado de madurar, aseveró el titular del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno Zamora.

Resaltó que hay menos capacidad de los gobiernos estatales y municipales para hacer frente a la delincuencia y, por ejemplo, falta formar a 122 mil policías preventivos estatales en el país.

Durante el foro Reformar el sistema de justicia penal en México para mejorar, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Vizcaíno Zamora dijo que se requiere incrementar las penas para delitos que no alcanzan la libertad provisional, entre ellos el robo de hidrocarburos y la portación de armas, ya que el incremento de homicidios cometidos con armas de fuego es de 400 por ciento en 20 años.

El coordinador de los diputados del PRI, César Camacho Quiroz, quien participó en la elaboración del dictamen del sistema penal acusatorio, coincidió en que se requieren algunas adecuaciones, entre ellas eliminar la figura del arraigo, que nos desprestigia, nos quita mucho y nos da poco o nada en términos de eficiencia. También propuso fortalecer la cultura jurídica, para que la gente conozca los alcances del sistema, y elevar a la Constitución la figura de reparación integral a las víctimas.

Respecto de la prisión preventiva oficiosa, expuso que debe ser sólo para delitos graves y por ello se requiere definir un catálogo recortado, que incluya el robo de hidrocarburos y la posesión y acopio de armas de alto poder, entre las que no alcanzarían la libertad bajo fianza.

Camacho Quiroz insistió en que los ajustes deben ser sólo normativos, porque lo que se requiere son políticas públicas, instrumentación, capacitación y vigilancia de lo que debe ocurrir.

La senadora Diva Gastélum, del PRI, señaló que debe revisarse qué tanto se quiere seguir sentenciando a gente que no lo amerita. Muchos de los que están en la cárcel, dijo, son personas sin recursos. Pero, ¿por qué se llega a prisión preventiva? Eso se debe analizar, reiteró.

María de los Ángeles Fromow, ex titular de la secretaría técnica del Consejo de coordinación para la implementación del sistema de Justicia Penal, advirtió que están pendientes temas como la adopción de protocolos nacionales, de actuación de los operadores, así como su capacitación, equipamiento para la operación del sistema, establecimiento de comisiones de victimas estatales y los artículos transitorios de leyes nacionales, entre otros puntos.

Las presidentas de las comisiones de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña; de Justicia, la panista Pilar Ortega, y de Gobernación, la priísta Cristina Díaz, coincidieron en que la reforma constitucional que creó el sistema penal acusatorio es un parteaguas en la impartición de justicia en el país, y es necesario fortalecerlo y realizar las adecuaciones necesarias.