La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados elaboró un borrador de proyecto de dictamen por el que se expide la ley de seguridad interior.

Las consultas permanentes entre diputados y senadores derivaron en una propuesta del órgano legislativo que incluye en el texto el compromiso de las fuerzas armadas a respetar en forma irrestricta los derechos humanos en todo el territorio nacional, al ejercer funciones que garanticen la vigencia del orden constitucional y enfrente los riesgos y amenazas que comprometen y afecten ésta.

En el borrador que habrá de servir de base para el dictamen final que se pondrá a consideración del pleno cameral –durante el periodo ordinario de sesiones que se inicia en septiembre– se plantea mantener la declaratoria de protección de la seguridad interior en el Ejecutivo federal.

Y en su caso, las autoridades federales, incluyendo a las fuerzas armadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán sin necesidad de declaratoria de protección a la seguridad interior, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender, según su naturaleza, los riesgos contemplados en la agenda nacional de riesgos.

La ley de seguridad interior será producto de una larga y álgida discusión política y social, en el contexto de las atribuciones de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública que desempeñan.

La oposición política, sobre todo las bancadas de PAN y PRD, se han opuesto a respaldar esa iniciativa con el argumento de que en primera instancia se debe aprobar el mando mixto policial, pues radica en la incapacidad y corrupción de las policías la permanencia de las fuerzas armadas (Defensa y Marina) en las calles.

No obstante que fue Felipe Calderón Hinojosa –en su gestión como presidente de la República– quien decidió sacar a las fuerzas armadas a las calles para enfrentar (lo que él llamo “la guerra contra el narco”) a los delincuentes, su partido se ha opuesto a normar las actividades de marinos y soldados en esa tarea.

Ahora, ante la presión que desde hace casi un año ejerce el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, para que el Congreso legisle con la finalidad de poner límites y dar garantías a las fuerzas armadas en el día a día, se perfila una solución a tan entreverado tema.

A raíz de la propuesta del coordinador del PRI en San Lázaro, César Camacho Quiroz, de su compañera Sofía Tamayo, del panista Jorge Ramos y de Manuel Espino (entonces de Movimiento Ciudadano), así como de los senadores Miguel Barbosa y Roberto Gil, la Comisión de Gobernación en San Lázaro ha trabajado sobre el documento. En el predictamen –cuya copia se encuentra en este diario– se establece que en cumplimiento de la seguridad interior se garantiza la vigencia del orden constitucional, el estado de derecho y la gobernabilidad democrática, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional.

La contribución de PAN y PRD al texto se manifiesta al preservar el respeto a las garantías individuales, no obstante que la propuesta original ya lo incluía. Otro de los puntos que desea matizar, sobre todo Acción Nacional, se refiere a la declaratoria de protección a la seguridad interior.

La propuesta, aún vigente, establece: “Cuando se actualice alguna de las amenazas a la seguridad interior a las que se refiere la fracción II del artículo cuarto de la ley (las que tienen origen en territorio nacional; u otras circunstancias que atenten contra la infraestructura o el funcionamiento de las instituciones, o dañen gravemente a la población, incluyendo emergencias y desastres naturales), siempre que comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades legalmente competentes para atenderlas

El presidente de la República podrá ordenar, por sí o por petición de las legislaturas de las entidades federativas, o de su Ejecutivo, en caso de receso de aquellas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de acciones de seguridad interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país.

Se espera que tras la negociación privada entre PRI, PAN y PRD para aprobar el dictamen, posteriormente, durante el próximo periodo ordinario de sesiones, se solvente la aprobación del mando mixto policial.