l presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, porfió ayer en su demanda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de reducir la tasa del impuesto sobre la renta (ISR) de 30 a 24.6 por ciento –que es el promedio de ese impuesto en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)–, establecer la deducibilidad fiscal de 100 por ciento a prestaciones laborales, proceder de manera paulatina con el cobro del IVA a alimentos y medicinas y otras medidas orientadas a una disminución de las cargas fiscales del empresariado.

Tal propuesta había sido presentada la víspera a las autoridades hacendarias en un acto en el que De Hoyos Walther empleó un tono más duro: exigió la reinvención del sistema fiscal del país para evitar que gobernantes corruptos roben a diestra y siniestra mientras se burlan del sistema de justicia mediante recursos legaloides y describió la reforma fiscal de 2014 como el principal inhibidor del desarrollo, a lo que el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, respondió, en un evento aparte, que la actual política tributaria debe preservarse porque da certeza y porque, además, hay poco margen de maniobra para los ajustes fiscales en el presupuesto del año entrante.

En la polémica en curso entre la SHCP y los organismos cúpula del empresariado es posible apreciar, además de desacuerdos meramente fiscales, algunas de las principales vertientes del debate nacional, como la extendida corrupción que impera en diversas oficinas públicas y la necesidad de combatirla; el intercambio retoma también los disensos sobre la mejor manera de sacar a la economía nacional de la condición mediocre y aletargada en que se encuentra desde hace muchos años y las posiciones confrontadas se centran en los términos reactivación versus estabilidad.

Ciertamente, en el debate hacendario se hacen presentes esos y otros temas porque la determinación de las fuentes y los destinos del presupuesto público modula las políticas públicas que pueden conducir a la economía en su conjunto, y al quehacer nacional por extensión, en direcciones diversas y hasta contrapuestas. Sin embargo, no parece prudente mezclar el tema del combate a la corrupción en la polémica fiscal, por cuanto ese indeseable fenómeno no depende únicamente de los recursos que manejan los funcionarios sino de decisiones políticas para utilizar los mecanismos de fiscalización existentes en la aplicación de las leyes. Para ilustrar el punto, cabe recordar que la corrupción está presente en países con erarios escuálidos y que no se limita al desvío de recursos sino también –y acaso, de manera principal– a la obtención de comisiones ilícitas entregadas por particulares –especialmente, grandes empresas– a cambio de la autorización de concesiones, contratos y favores.

En suma, sería deseable que el debate en curso se centrara más en la siempre postergada necesidad de reorientar las finanzas públicas para generar el mínimo de bienestar social que el país requiere, no sólo por elemental sentido de justicia sino también para evitar escenarios de ingobernabilidad mayores a los que hoy se presentan.