Por primera vez en 40 años, autoridades apoyadas por la fuerza pública impidieron ayer la instalación de cerca de 7 mil 500 vendedores del tianguis de San Juan o Texcoco, localizado en la zona limítrofe entre la delegación Iztapalapa y el municipio de Nezahualcóyotl, luego de que el pasado domingo se suscitó una balacera por conflictos internos, que dejó saldo de dos personas muertas y al menos 10 heridas.

Desde las 22 horas del sábado, poco más de 2 mil granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México y policías mexiquenses se apostaron a lo largo de la avenida Texcoco y notificaron de esa prohibición a los tianguistas, que a esa hora llegan para instalar sus puestos para la venta del día siguiente.

En las primeras horas de ayer, el titular de la SSP, Hiram Almeida Estrada; el presidente municipal, Juan Hugo de la Rosa, y la jefa delegacional de Iztapalapa, Dione Anguiano, estuvieron en ese punto y conforme iban llegando los cientos de tianguistas eran informdos de que no podrían colocar sus puestos.

Esa tarea fue reforzada por un helicóptero del agrupamiento Condores, que sobrevolaba la zona, así como por uniformados en motocicleta y viales.

A pesar de la restricción y de la inconformidad de varios comerciantes, no ocurrieron hechos de violencia.

Dione Anguiano expresó, en entrevista, que esa restricción a los tianguistas se trató de una sanción extraordinaria, porque no vamos a permitir que los conflictos continúen, además de que se llegará a acuerdos con ellos sobre el plan de seguridad, limpieza y reordenamiento, en beneficio de comerciantes, vecinos y clientes, a partir del próximo domingo.

La funcionaria delegacional informó que la balacera del domingo 23 derivó de una disputa entre sus líderes, en la que murió uno de ellos –Juan Luna–, y que “no tuvo que ver con narcomenudeo, derecho de piso, extorsión o delincuencia organizada”.

Dijo que el martes se reunirán ella y De la Rosa con los líderes del tianguis para avanzar en el censo de los vendedores con el fin de identificarlos, establecer un protocolo único de actuación, acabar con las llamadas chelerías, fijar horarios y uniformar los puestos.

Agregó que las irregularidades que prevalecen son venta de bebidas alcohólicas y medicamentos, colapso del tránsito vehicular, puestos sobredimensionados, operación fuera de horario, uso de tanques de más de 20 kilos, obstrucción de rampas, conexiones ilícitas de luz, ruido excesivo, basura y el hecho de que amarran sus puestos al mobiliario urbano propiedad de la Ciudad de México o a casetas telefónicas.

Vecinos de la zona, sin embargo, denunciaron que los espacios se cotizan entre 250 y 600 pesos, según el tamaño y lo que expendan. Los que más pagan son los cheleros, porque venden a reventar los domingos, provocando más inseguridad.