or lo general, los reflectores de los diversos sectores de la población se centran en el Poder Ejecutivo, cuyo trabajo es colocado en la balanza para evaluar la labor de la administración estatal, sin tomar en consideración que de igual manera forman parte del gobierno los poderes Legislativo y Judicial. El Ejecutivo estatal, como es natural, ha tenido aciertos y ha incurrido en errores; no obstante, se cuentan más las fallas a la hora del análisis y el veredicto de quien lo siente en el banquillo de los acusados.

El Legislativo ha cometido tropiezos que de una u otra manera han perjudicado a la administración estatal; es muy notorio, por ejemplo, que sus componentes están más dedicados a la politiquería y a defender sus cotos de poder que a realizar su labor. Ejem- plos los hay: el 11 de junio de 2016 venció el plazo legal para que el Congreso local reformara la Ley 701, que respalda la operación de la Policía Comunitaria, dependiente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC). El 15 de marzo de este año, expiró el plazo que se concedió asimismo la actual legislatura para las modificaciones. No cumplió. Volvió a ampliar el término.

Esta es la hora en que no da trazas de tomar en serio los trabajos correspondientes, mientras muchas autodefensas se desplazan en un terreno que se ha catalogado de ilegal, sin que haya una ley que lo defina. En cambio, los legisladores, respondiendo más al momento político y buscando más bien los reflectores, se ha dedicado a llevar al Congreso a ciertos funcionarios, como el fiscal general del estado, Javier Olea Peláez, y al director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, Javier Chona Gutiérrez, cuyo desempeño, es cierto, ha sido muy cuestionado, pero su comparecencia, igual que otras anteriores, en ningún momento han arrojado resultados positivos para los guerrerenses.

Han producido, sí, la nota del día para los medios de comunicación; han generado polémica en el ámbito político, pero no ha habido acuerdos ni las fallas señaladas han tenido seguimiento y, en consecuencia, no hay arrojado otro resultado que no sea alharaca, dimes y diretes, entre grupos políticos.