Organizaciones urbanas que decidieron sumarse a la iniciativa Luchemos, hicieron un llamado al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, para que así como combaten a las bandas de narcomenudistas, se actúe también una ofensiva contra el “cártel inmobiliario” que viola las leyes en materia de desarrollo urbano y se apodera de la Ciudad de México.

El diputado de la Asamblea Constituyente, Raúl Bautista González (Superbarrio Gómez), señaló en un manifiesto por la defensa del espacio público que las autoridades federales, a través del Sistema de Administración Tributaria, han señalado que tienen bajo investigación a empresas del sector inmobiliario por ser una de las actividades más usadas en operaciones de lavado de dinero, junto con las de casinos y compra venta de autos.

En una primera asamblea realizada en la plaza Tolsá, en el Centro Histórico, se pronunciaron por la defensa del espacio público y reclamaron al gobierno de la capital que privilegia una política urbana que ve a la ciudad como un negocio, por encima del interés de los ciudadanos, facilitando la especulación inmobiliaria, los desarrollos habitacionales, comerciales y de servicios, a costa del espacio público.

La socióloga e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México Patricia Ramírez Kuri señaló que los espacios públicos se deben abrir a la discusión cotidiana con el fin de debatir sobre los cambios que requiere la urbe para un buen vivir.

Los ciudadanos y las organizaciones deben intervenir en la gestión de los bienes comunes y el uso de los recursos públicos. Es necesaria una apropiación colectiva de la ciudad, que es de todos, apuntó.

La también diputada Constituyente, Mayela Delgadillo Bárcena, resaltó que en el espacio público es la comunidad la que debe decidir las acciones que se deben realizar para restablecer la colectividad, generar proyectos vecinales, economías de barrio y cooperativas, que den empleo a quienes allí habitan, y llamó a realizar asambleas en las que se tomen esas decisiones y no esperar a que llegue el gobierno a decir lo que quiere hacer.

Superbarrio advirtió que se han adecuado las normas para hacer creer que el gobierno es el único propietario y administrador del espacio público, pero se han enfrentado ya a la oposición vecinal, que ha logrado echar atrás proyectos privatizadores, como la ciudad del futuro en Coyoacán, el estadio de beisbol en la Alameda Poniente y el mal llamado corredor cultural Chapultepec.

Cerró el manifiesto con un llamado a los habitantes y las organizaciones a la defensa de la ciudad, a ser solidarios con las resistencias vecinales de hoy y mañana, y a construir juntos nuestro derecho a la ciudad.