La consulta que realiza el gobierno federal en las comunidades indígenas de Hopelchén y Tenabo, en Campeche, para conocer si aceptan la siembra de soya transgénica en sus territorios, no se ha apegado a los estándares internacionales en la materia, lo que deja latente el riesgo de que haya posibles enfrentamientos y mayor tensión.

Así lo advirtió la Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya (MO), entidad conformada por organizaciones y personas a título individual, que se encarga de revisar que la consulta ordenada en 2015 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumpla los requisitos de ser previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.

En un informe dado a conocer recientemente, la MO alertó que las sesiones de consulta realizadas el 27 y 28 de mayo de este año tuvieron lugar en un contexto de violaciones a los derechos humanos y a los estándares internacionales del derecho a la consulta, lo cual marca un giro en relación con las sesiones anteriores y que pone en riesgo lo avanzado hasta el momento.

El organismo detalló que la consulta –organizada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados– no ha sido previa, ya que se llevó a cabo cuando el gobierno mexicano ya había otorgado a la trasnacional Monsanto varios permisos de siembra de soya transgénica, en 2012.

De igual forma, aunque un juzgado de distrito declaró la inconstitucionalidad de dichas licencias, el cultivo de semillas genéticamente modificadas no se ha detenido, como confirmó el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, dependiente de la Secretaría de Agricultura.

Por otra parte, el informe de la MO señaló que tampoco se han respetado los principios de que la consulta sea de buena fe y culturalmente adecuada, pues las autoridades han desconocido los acuerdos tomados con los representantes de las comunidades involucradas e incluso han cuestionado la elección de los mismos.

Asimismo, no se ha cumplido el estándar de consulta libre debido a que funcionarios públicos han intimidado y agredido a los representantes de las comunidades y a sus asesores y a los intentos de esas autoridades de dividir a las comunidades consultadas.