n lugar de asumir una actitud autocrítica por el sensible crecimiento de la criminalidad y por no haber hecho la tarea, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, altos funcionarios del gobierno federal y algunos gobernadores de los estados han optado por culpar al nuevo sistema penal oral de las deficiencias en la prevención y persecución de los delitos. Peor aún: algunos de ellos promueven el miedo entre la sociedad y generan desconfianza al sistema de justicia para ostentarse como salvadores y así obtener popularidad. Lo curioso es que estos gobernantes critican el sistema acusatorio como si las reglas anteriores fueran mejores. Por ello, es necesario voltear atrás y detenernos a pensar cómo era el sistema que nos ha costado tanto reformar.

Muchos de nosotros sabemos lo tortuoso que era antes el sistema penal en México, partiendo de las dificultades para presentar una denuncia, la ausencia de investigación y la lentitud de los procesos. La averiguación previa solía ser una larga incógnita para el o la ciudadana común. En caso de los juicios, éstos eran lentos, entrampados por el burocratismo, cuyo rostro evidente eran los alteros de expedientes. Así mismo, se sacrificaba la presunción de inocencia que nos garantizaba a todos el derecho a ser considerados inocentes hasta que se demuestre que somos culpables, también se fue soslayando el debido proceso que lleva implícito la garantía de ser escuchados, poder defendernos y aportar pruebas en nuestro favor.

Otra de las características del viejo sistema era que con gran facilidad los acusados de un delito debían esperar el resultado de su juicio en prisión preventiva, lo que implica ser recluidos en cárceles de auténtico horror, sobrepobladas y generalmente controladas por mafias de internos. Quien ha tenido la desgracia de ingresar a estos lugares, paga desde un principio el costo de la acusación, aunque luego salgan con el clásico usted perdone. No importa que haya sufrido daños irreparables para su persona y su familia, la pérdida de su trabajo y de su imagen pública, ya que difícilmente se quitará de encima el estigma de estuvo en la cárcel. Es obvio que suele tratarse de gente pobre y sin contactos, porque los ricos difícilmente padecen este drama.

Es esta la realidad que se ha pretendido cambiar desde la reforma penal de 2008. Se ha buscado implementar un sistema basado en prácticas vigentes a escala internacional, que pretende lograr procesos más rápidos, con transparencia y cercanía del juez ante el cual se puede alegar, aclarar hechos y ofrecer medios de prueba, tanto la víctima como el acusado; un sistema que garantiza la presunción de inocencia, pero al mismo tiempo fomenta la participación de la víctima y contempla medios de solución que facilitan que se repare el daño causado. Este sistema busca también limitar la prisión preventiva cuando verdaderamente exista riesgo de que la persona procesada escape o sea un riesgo para la víctima o para la sociedad, brindado la oportunidad al juez de analizar caso por caso cuándo es pertinente aplicarla para que se instrumente de manera más justa.

El problema es que algunos gobiernos no cumplieron con las condiciones que el nuevo sistema penal exigía, a pesar de que para este fin se otorgaron ocho años. No se dio la capacitación adecuada a los policías, peritos o fiscales, no se restructuraron las procuradurías como era debido y en algunos casos no se crearon las instituciones que el sistema requiere, como las unidades de medidas cautelares. El plazo se venció y en lugar de acelerar el paso, realizar un diagnóstico de las omisiones y utilizar el presupuesto en este tema esencial, más que en ocurrencias y regalos, se ha optado por el camino fácil de culpar al nuevo sistema, decir que protege demasiado a los presuntos delincuentes y muy poco a las víctimas.

Para tranquilizar a la sociedad, justificadamente indignada, en vez de pensar en soluciones que ataquen de fondo los problemas, se proponen como siempre las salidas fáciles que se ha demostrado no sirven de nada: incrementar penas y ampliar la prisión preventiva obligatoria a más delitos, afirmando, sin acreditarlo, que los presos que han salido de las cárceles vuelven a delinquir. Se dan cifras sin fundamentos que mágicamente cambian de un día a otro. Miguel Ángel Mancera anunció por ejemplo que próximamente saldrán de la cárcel 2 mil presos, luego dijo 4 mil. Cualquiera que sea la cifra es ajena a la verdad, ya que, como han expresado los ministros de la Suprema Corte, nadie saldrá de forma automática. Quien conforme a la regulación tenga derecho a que su situación se revise, deberá sujetarse al escrutinio de un juez. Respecto a esto, es de subrayar la opinión de José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia ( Proceso, 16 de julio de 2017), cuando descalifica esta campaña de terror y señala textualmente: No van a salir miles de personas como se viene diciendo. Deja claro el meollo del asunto: Nos enfrentamos a la incompetencia, pues nadie sabe hacer lo que se supone debe saber hacer.

La buena noticia es que las organizaciones de la sociedad civil, algunos operadores y los analistas y especialistas más calificados han denunciado este intento de regresión en materia penal en perjuicio de usted, de mí y de todos. Entre ellas están el Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac), Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide), Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), Artículo 19, Causa en Común, México Evalúa, la Comisión Mexicana de Protección a los Derechos Humanos, Borde Político y de manera destacada Amnistía Internacional. Se ha conformado incluso un colectivo llamado #JusticiaSinPretextos con más de 30 organizaciones.