Caracas.

La oposición marchó este sábado en esta capital en respaldo a 33 magistrados juramentados por el Parlamento, pero no reconocidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y en protesta contra el presidente Nicolás Maduro y su convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente.

Fuerzas militares utilizaron gases lacrimógenos y perdigones para dispersar la marcha opositora, que intentaba llegar hasta la sede del TSJ.

La acción represiva dejó al menos 17 heridos, incluyendo a un fotógrafo que fue golpeado por una bomba lacrimógena, y al violinista Willy Arteaga, quien acompañaba las manifestaciones con sus notas musicales.

Al grito de ¿Quiénes somos? ¡Venezuela! ¿Qué queremos? ¡Libertad!, la manifestación salió desde el municipio de Chacao, en el este de Caracas y tomó rumbo a la autopista Francisco Fajardo, que conecta el este con el centro de la ciudad.

La vía rápida era ocupada por fuerzas militares apoyadas por carros blindados, que esperaron la llegada de los manifestantes para disparar gases lacrimógenos y contener su avance.

Una brigada de soldados de la Guardia Nacional en motocicletas intentó replegar a los participantes, quienes portaban banderas, gorras tricolores y entonaban cánticos en las calles de Chacao, envueltas en una humareda de gas.

Estoy aquí para luchar por la libertad y la democracia y contra la Constituyente. Queremos que la retiren, afirmó Solayne Khan, un ama de casa de 59 años.

El diputado opositor, Rafael Guzmán, al frente de la marcha, dijo que la represión no detendrá la protesta de los venezolanos.

Ya estamos acostumbrados a esto, es la misma cara represiva de este gobierno, que ataca al pueblo que está en la calle y exige respuestas. Hay que resistir, señaló.

Agregó que la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el presidente Maduro para reformar la Carta Magna, es una de las razones por la que sigue la movilización en las calles.

La oposición anunció el sábado que realizará una huelga de dos días la próxima semana, entre otras protestas, con el propósito de presionar al presidente Maduro para que suspenda la votación del 30 de julio para elegir a los miembros de una polémica Asamblea Nacional Constituyente.

Además de la huelga, convocada para miércoles y jueves, se llevarán a cabo marchas multitudinarias el lunes y el viernes, dijeron integrantes de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a periodistas

Choque de poderes

El Legislativo, controlado por la oposición, designó el viernes a un TSJ paralelo, integrado por 13 magistrados principales y 20 suplentes, y alegó que los jueces de la corte suprema fueron designados ilegalmente por la anterior mayoría parlamentaria chavista y sirven al actual gobierno.

El líder opositor, Henrique Capriles, llamó a sus seguidores en Twitter a unirse a la marcha para protestar frente al Supremo y para enfrentar el proceso constituyente, al cual llamó fraude, pero en esta ocasión las marchas sólo fueron de miles en los baluartes opositores y de cientos en otras zonas de Caracas.

Según un tuit del líder opositor, Henrique Capriles, uno de los recién nombrados magistrados fue detenido, pero no hubo confirmación independiente de dicha información, denuncia a la que más tarde se unió el Parlamento de mayoría opositora. El detenido fue identificado como Ángel Zerpa.

Apoyamos a los nuevos magistrados, porque devolverán su independencia al Tribunal Supremo, que ahora lo que hace es cumplir órdenes de Maduro, dijo a la agencia Afp, Luis Torrealba, manifestantes de 43 años.

El TSJ declaró nula e írrita la medida de los diputados, además de advertir que se exponen a juicios por usurpación de funciones y traición a la patria, delitos que se castigan con prisión.

La sala constitucional del TSJ recordó a la Asamblea que está en desacato de sus sentencias y que por lo tanto sus decisiones son nulas desde que se instaló en enero de 2016.

La Asamblea aprobó las designaciones para presionar un cambio en el TSJ, pues sostiene que 13 magistrados principales en ejercicio fueron designados irregularmente el 15 de diciembre de 2015, después de conocerse la victoria de la oposición en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de ese año.

La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se plantea frenar las elecciones de la Constituyente, prevista para el 30 de julio, que según ellos convertiría a Venezuela en otra Cuba.

Entre jueves y viernes la oposición realizó un paro de 24 horas que denominó La hora cero, una escalada de protestas para exigir a Maduro que desista del proyecto, tras cuatro meses de manifestaciones que han dejado 103 muertos entre violentos disturbios.

El presidente Maduro ratificó que seguirá adelante con la Constituyente y avisó que esa iniciativa pondrá orden.

La MUD sostiene que frenar la Constituyente es un mandato, posterior a un plebiscito simbólico que realizó el pasado domingo contra esa iniciativa, en el que, asegura, votaron 7.6 millones de venezolanos.

En ese contexto, el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este sábado que el gobierno no tiene nada qué negociar con la oposición.

“Por allí anda la derecha tratando de desmoralizar a nuestra gente ... Hace tres meses decían que el presidente Maduro iba a renunciar, ahora dicen ‘vamos a negociar’ ... Señores, aquí no hay nada qué negociar”, afirmó Cabello durante un acto en el estado de Sucre.

EU amenaza con sanciones

Por otra parte, trascendió que Estados Unidos considera sanciones financieras contra Venezuela, que frenarían los pagos en dólares por el petróleo del país sudamericano, de acuerdo a un alto funcionario de la Casa Blanca y un asesor, como medida de presión para que Maduro descarte llamar a la Asamblea Nacional Constituyente.

Las sanciones prohibirían cualquier transacción en dólares por parte de la petrolera venezolana PDVSA, dijeron la fuentes a Reuters. También se discute impedir las importaciones a Estados Unidos de petróleo venezolano, aunque no se ha tomado ninguna decisión.

El Mercado Común del Sur (integrado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, en proceso de adhesión) instó el viernes al gobierno de Venezuela a restablecer el orden institucional y el estado de derecho, en una declaración de su cumbre presidencial en Mendoza, Argentina.

Los países del bloque hacen un urgente llamado al cese de toda violencia y a la liberación de todos los detenidos por razones políticas, instando al restablecimiento del orden institucional, la vigencia del estado de derecho y la separación de poderes, dice el texto que firmaron también Chile, Colombia y Guyana como países asociados y México como país observador. Bolivia, Ecuador y Perú no suscribieron la declaración.

En un comunicado de la cancillería, Caracas calificó la cumbre de Mendoza de ilegal y consideró alarmante el permanente uso temerario del mecanismo de integración al servicio de una política de hostigamiento al gobierno y al pueblo de Venezuela.