Querétaro, Qro.

El gobernador Francisco Domínguez Servién advirtió que los comerciantes que estaban instalados en los accesos al parque Alameda Hidalgo no regresarán de ninguna forma a ocuparlos, luego de que obtuvieron un amparo para reinstalarse de nuevo, por lo que pondrá toda la fuerza jurídica que tiene el estado.

César Tarello Leal, abogado de unos 60 comerciantes de la organización Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto (UCFCP), lamentó las expresiones del mandatario panista, pues, dijo, debe respetar una sentencia federal que deja sin validez jurídica la orden QR/001/2016 para retirar a los vendendores.

Dijo que el alcalde panista de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, los desalojó en junio de 2016 sin el procedimiento previo de revocarles la licencia que les dio el edil Francisco Garrido Patrón (1997-2000) y que cada año renovaban para vender diferentes productos en la Alameda.

El dirigente de UCFCP, Pablo González Loyola Pérez –encarcelado mes y medio acusa- do de motín por presuntamente interrumpir el desfile conmemorativo del primero de mayo de 2016–, afirmó que el municipio de Querétaro debe acatar la sentencia federal y restituir las garantías de los comerciantes al reinstalarlos.

En un comunicado reveló que el gobierno municipal ofreció un predio alternativo para la construcción de un mercado de abasto popular o proyecto comercial establecido que aceptó pero con propuestas de carácter particular que no especificó.

Sin embargo, señaló que terminó la prórroga para que la autoridad municipal cumpla la sentencia de amparo 1242/2016 y aún no hay acuerdo que garantice la solución al conflicto, por lo que continuarán con la ejecución de esa sentencia al ubicarse nuevamente en el lugar de donde fueron desalojados.

El pasado viernes el gobernador declaró que aunque ese caso no es de competencia estatal, decidió apoyar al gobierno municipal. Desde ahorita la advertencia es: no van a regresar de ninguna forma; si no, entonces vamos a tener que poner toda la fuerza jurídica que tiene el estado: se irán de la Alameda Hidalgo, expresó.

Tarello Leal dijo que la expresión del mandatario es como una amenaza porque refleja que le vale dos cacahuates el derecho y la resolución de un juez, y si el gobernador se extralimitó en el mensaje, que salga públicamente a aclararlo.

Loyola Pérez lamentó que se use la fuerza del Estado con una actitud persecutoria a través de las dependencias gubernamentales y condenó que se desprecie a otras autoridades como la justicia federal porque la ley es él (el gobernador).