La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó al Estado proteger las garantías fundamentales de los adultos mayores, por lo que enfatizó que la inversión estatal debe dar prioridad a políticas y planes que contribuyan al reconocimiento efectivo de las capacidades, habilidades y experiencia de ese sector, que consideren sus características particulares y coadyuven a dotarlos de las herramientas necesarias para que se conviertan en protagonistas de su propio proceso de envejecimiento, entre ellas, la implementación de mecanismos adecuados para garantizar su participación democrática y plural.

Para alcanzar esas metas, subrayó el organismo nacional presidido por Luis Raúl González Pérez, es fundamental que el Estado mexicano ratifique la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada el 15 de junio de 2015 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, y que hasta el momento sólo ha sido firmada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay.

La firma y ratificación de ese instrumento internacional ampliará y fortalecerá el marco jurídico de protección de los derechos de las personas adultas mayores; obligará a la federación y entidades federativas a armonizar la legislación nacional y a establecer mecanismos efectivos para garantizarlos.

La CNDH reiteró la importancia de continuar los trabajos conjuntos para fomentar una cultura de respeto y trato digno hacia las personas adultas mayores que favorezca su revaloración y plena integración social, así como procurar la mayor sensibilidad, conciencia social, respeto, solidaridad y convivencia entre generaciones, con el fin de evitar toda forma de discriminación o abandono por motivo de edad, género, estado físico, condición social, o cualquier otra que impida el goce y ejercicio pleno de sus derechos.

Apuntó que la situación de vulnerabilidad que enfrenta un importante número de personas adultas mayores en el país, no deriva en sí misma del proceso biológico de envejecimiento, sino del concepto que sobre éste se construye socialmente, el cual, generalmente, asocia la vejez con la disminución de las capacidades físicas y cognitivas del ser humano y la eventual pérdida de autonomía para decidir, opinar, y participar en las actividades cotidianas de las familias y la comunidad.

El organismo público enfatizó que es de la mayor relevancia que los encargados de la elaboración de esas acciones, consideren el género como un factor que incide en el acceso a los derechos de las personas adultas mayores.