La Asamblea Legislativa (ALDF) no realizó ninguna previsión en el Presupuesto de Egresos de este año para la puesta en operación del sistema local anticorrupción, aunque tuvo desde julio de 2016 el informe final del consejo interinstitucional preparatorio para la implementación del sistema, en el que se estableció un costo estimado de 131 millones de pesos.

El órgano legislativo no sólo omitió incluir esa partida, sino que en el caso del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) –que se convertirá en Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para sancionar faltas graves de servidores públicos y particulares asociados a ellas– tuvo una asignación menor: 399 millones respecto de los 456 millones que ejerció en 2016, pese a que la titular de la dependencia, Yasmín Esquivel Mossa, antes de la aprobación del paquete económico solicitó 76 millones de pesos adicionales para implementar el sistema.

La diputada de Morena Aleida Alavez Ruiz advirtió que los dictámenes sobre el sistema aprobados el lunes por el pleno adolecen de los estudios de viabilidad e impacto presupuestal que por ley debe acompañar toda iniciativa.

Agregó que se ignoró el informe del consejo en la elaboración de las leyes y quedó rebasado con lo aprobado, ya que la estimación presupuestal del TJA se hizo a partir de tres magistrados adicionales y 48 plazas.