En vísperas del debate sobre la fiscalización de gastos de campaña de los pasados comicios, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dio a conocer cifras sobre las dimensiones de lo investigado: ‘‘Con 14 elecciones en 2016, se detectó un gasto no reportado por 77.3 millones de pesos; en las cuatro de 2017 el monto no reportado detectado es de 364.2 millones. Estamos hablando de un incremento de 471 por ciento de un año a otro, a pesar de que los cargos en disputa son menos’’.

Al justificar la actuación del INE, Córdova imputó responsabilidades a las legislaciones aprobadas por los partidos que permiten un tope de gastos de campaña de 285 millones de pesos en el estado de México, con 11 millones de votantes, cuando, según las proyecciones para 2018, el tope de gastos para los comicios presidenciales oscilará en 427 millones, con 87 millones de electores. Esto es, para elegir al Presidente se gastarán 5 pesos por persona, pero en la de gobernador mexiquense se pudo erogar hasta 25 pesos, es decir, cinco veces más.

Contrastó las cifras con el caso Coahuila, donde se fijó un tope muy bajo de 19 millones de pesos, inferior incluso al de Nayarit, de alrededor de 20 millones, cuando el padrón coahuilense es 2.5 veces mayor. En las paradojas referidas Córdova enfatizó: ni las nulidades de una elección ni fijar topes de gastos de campaña son facultades del INE.

Señaló que la fiscalización es indispensable con el propósito determinar con precisión el monto de los gastos recibidos y gastados en cada campaña, reportados y no reportados, ‘‘sin tomar en cuenta las consecuencias que ello supone. No hacerlo sería equivocarnos, en un sentido, procurando que los topes no se superen, o en otro, teniendo los rebases como mira’’.

Según las cifras del INE, la fiscalización se ha sofisticado para compulsar la información con la reportada por los partidos políticos: si en 2016 se obtuvieron 17 mil 445 testigos de gasto, para 2017 esta cifra se disparó a 78 mil 613.