En medio de las descalificaciones generalizadas de los partidos políticos contra el proceso de fiscalización del gasto de campañas y virtualmente acorralado ante la imposibilidad de subsanar un error en el procesamiento del gasto no reportado de representantes de casilla, el Instituto Nacional Electoral (INE) recurrió a la única salida institucional posible: abrir procedimientos oficiosos para investigar específicamente este gasto, y si bien dio 24 horas a los partidos para acreditarlo el propio organismo anunció que su conclusión sería en agosto.

Con la elección de gobernador en Coahuila en vilo, este viernes se inician las vacaciones del organismo y técnicamente se suspenden los plazos legales para desahogar procesos. La aprobación de procedimientos oficiosos, la incorporación de un nuevo engrose circulado la noche del domingo y modificaciones aprobadas sobre la mesa, generaron votaciones confusas, acusaron los partidos, y sin claridad en sus impactos en sanciones y gasto final de las campañas.

Multas, otro dolor de cabeza

Al paso de la sesión, conforme se fueron aprobando los dictámenes, con la incorporación de nuevos elementos y los ajustes en la mesa del consejo, no hubo claridad sobre los montos de las multas aprobadas por los consejeros, puesto que la Unidad Técnica de Fiscalización inició la adecuación de las sanciones concluida la sesión.

Fue un encuentro que rubricó los vaivenes de la fiscalización, que no perdonó ningún partido. El panista Jorge López advirtió que los procedimientos oficiosos eran en realidad la apertura de un periodo para la ‘‘fabricación de pruebas’’ que acrediten gasto reportado, lo que en realidad no se reportó.

En contraste, el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín, si bien celebró esta ruta demandó que esto no corra la suerte de otros procesos similares que ‘‘sólo quedan en eso, porque estaremos siendo gravemente omisos’’, sugiriendo que hay casos como Coahuila, donde por la vía de aportaciones de sindicatos no se tiene claridad si en realidad es dinero del crimen organizado.

Sin tregua en las críticas partidistas, el representante de Morena, Horacio Duarte, sostuvo que hay una autoridad electoral secuestrada e incapaz de ver la injerencia presidencial en las elecciones, pese a la intervención gubernamental ‘‘cínica y burda’’, pero que sí es puntual en identificar gastos en banderas y bardas. Consideró que hay una autoridad sometida al presidencialismo –figura intocable–, por lo que demandó su renuncia al cargo.

El representante perredista, Guadalupe Acosta Naranjo, consideró que el procedimiento oficioso se desprende de un error de la Unidad Técnica de Fiscalización a partir de un oficio que generó confusión en plazos de entrega, situación que no podía quedar impune.

Tras advertir la mermada credibilidad del instituto, concluyó sugiriendo inclinaciones entre los consejeros para defender posiciones partidistas: ‘‘No debe haber bancadas parlamentarias aquí adentro y debe pensarse en reivindicar la necesaria autonomía del INE, y no terminar siendo presa de factores fácticos aprovechándose de su enorme poder y la debilidad de este organismo electoral’’.

Para el panista Jorge Herrera, a pesar del receso decretado el viernes la distribución de un nuevo engrose cuyos alcances se desconocían, sólo contribuían a generar poca claridad en certeza sobre las irregularidades no solventadas y el monto de las sanciones.

En contraparte, el consejero Ciro Murayama intentó destacar los alcances de la fiscalización: ‘‘En las campañas a tres gubernaturas los partidos y sus candidatos informaron gasto por un total de 508 millones de pesos, y la autoridad detectó con cifras contenidas en el dictamen de la Comisión de Fiscalización 257 millones más, incluso sin considerar el gasto del día de la jornada electoral’’.

Tras admitir inconsistencias en la forma en que se tasaron algunos costos y en el proceso de justificación del gasto no reportado de representantes de casilla, la consejera Pamela San Martin aseveró: ‘‘En la revisión que se hace, abrir un procedimiento oficioso no significa abrir una oportunidad a que se generen pruebas nuevas’’, sino verificar la entrega de los oficios que avalen que no se pagó a representantes de casilla.

Ante las críticas, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, asumió que los procedimientos se abrían ante errores no atribuibles a los partidos políticos y era la vía legal para subsanarles sus derechos de audiencia. Sin embargo, la concesión fue rubricada con una advertencia:

‘‘Para el futuro, estoy pensando en 2018, lo que tenemos que hacer es aplicar a pie juntillas el reglamento y el sistema integral de fiscalización. Es lo que tenemos que aprender de eventuales errores, en el entendido de que de aquí para adelante esto no puede volver a ocurrir; la autoridad electoral tiene que enfrentar sin vulnerar los derechos de los partidos, lo que hoy tenemos y, evidentemente, corregirlo de manera draconiana’’.

Así, de forma unánime se aprobó iniciar los procedimientos oficiosos.