Más que una indemnización, lo que verdaderamente buscan los cientos de miles de víctimas en el país es verdad y justicia. Así, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) debe ser aliada y no obstáculo, asevera el titular de esa instancia, Jaime Rochín del Rincón.

Sin embargo, afirma, la comisión no puede con toda esa titánica labor, por lo que se deben reforzar los mecanismos de acompañamiento de los gobiernos locales, pues la mayoría de los delitos y violaciones a derechos humanos –alrededor de 90 por ciento– ocurren en el fuero común. Pese a ello, lamenta, en sólo 12 entidades del país hay comisiones ejecutivas, y muchas no tienen los recursos ni la capacidad para iniciar operaciones.

Sistema nacional

Sería una grave irresponsabilidad dejar que la CEAV atienda a todas las víctimas del país. No es posible. Tiene que funcionar el sistema nacional; los gobiernos estatales deben hacerse responsables de delitos como las violaciones a derechos humanos, porque suceden en su territorio, bajo su seguridad.

En entrevista con este diario, Rochín del Rincón, quien acaba de cumplir 100 días en su segundo periodo al frente de la CEAV, acepta que en México el principal enemigo de la labor de esta instancia es la impunidad, además de que cotidianamente crece el número de víctimas, mientras los presupuestos para atenderlas no lo hacen de la misma manera.

Rochín también habla de los retos y de las fallas que hubo en su anterior gestión. Uno de los principales, reconoce, es que había un proceso de burocratización con un sinnúmero de trámites que revictimizaba a las personas. Para ello, en estos primeros tres meses en su segunda etapa al frente se ha creado la figura de acompañante integral, un funcionario que realizará esos trámites en la CEAV para así poder responder a los afectados.

“Queremos hacer una comisión más humana, y eso pasa por un proceso de capacitación y sensibilización (…) En estos 100 días hemos echado a andar un nuevo modelo interno de atención con el que se han puesto los cimientos de la transformación. Sería presuntuoso decir que ya lo logramos, pero vamos avanzando, asegura.

Un elemento más que se tradujo en contundentes críticas contra la CEAV, reconoce, fue el tema de los apoyos. Si bien la ley establecía derechos de avanzada hasta en el ámbito internacional, a la vez era limitante porque, por ejemplo, en materia de gastos, todo era con reembolso, es decir, quienes lo requerían, necesitaban primero demostrar el gasto y después se les pagaba; ahora, con las recientes reformas a la Ley General de Víctimas se podrán adelantar apoyos y éstas tendrán que comprobarlos después.

Otra cosa, acepta Rochín, es que él mismo, los consejeros e incluso organizaciones de la sociedad civil pensaban que la reparación tenía que ver con la indemnización económica. Ese fue un grave error; lo que realmente busca es verdad y justicia.

Asevera que falta camino por recorrer, sobre todo porque hay víctimas a quienes por décadas se les ha incumplido. Por ello, la CEAV trabaja con personas a las que se les violaron derechos humanos, como en las matanzas de 1968 y 1971 o durante la guerra sucia.