La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y al gobierno de Morelos prevenir hechos de difícil o imposible reparación, así como resguardar la seguridad e integridad de quienes han señalado que existen otros lugares peligrosos en el Paso Exprés de la carretera México-Acapulco, donde el miércoles pasado se abrió un socavón que provocó la muerte de dos personas.

El organismo presidido por Luis Raúl González Pérez ya inició las indagatorias por esos hechos y se entrevistó con familiares de las víctimas –a quienes ofreció apoyo sicológico y asesoría jurídica–, con testigos que entregaron 18 fotografías y presentaron una queja, y con vecinos de la obra.

Además, se han practicado 13 peritajes, dos de ubicación y georreferenciación, dos de descripción general del hundimiento, uno del material de la capa de rodamiento, cinco recorridos de los alrededores de la construcción y tres sobrevuelos con dron.

La CNDH detalló que su personal se ha reunido con representantes de la residencia general de carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, de la Fiscalía General del Estado, de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Morelos y de la Secretaría General de Gobierno del estado. La información recabada se integrará al expediente número CNDH/2/2017/5095/Q.

La Comisión de Derechos Humanos local entregó a su par nacional tres expedientes de queja y la Fiscalía General del Estado permitió consultar la carpeta de investigación iniciada con motivo de la muerte de Juan Mena, de 56 años, y de su hijo de 30 años, Juan Mena Romero, cuyo vehículo cayó en el socavón que se abrió en el Paso Exprés.

Agregó que la PGR, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Gobierno de Morelos y Fiscalía General del estado no han respondido las solicitudes de información.

A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se le solicitó inscribir a los familiares directos de los dos hombres que perecieron.

En tanto, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunció que el próximo jueves ocupará de manera simbólica las instalaciones de la SCT en repudio al mal desempeño del secretario Gerardo Ruiz Esparza, y a los síntomas de corrupción en los contratos adjudicados a las empresas Aldesem y Epccor.

Se tienen que fincar responsabilidades a Ruiz Esparza. Se privilegiaron los negocios en beneficio de unos cuantos y la calidad de la infraestructura no importó; ahí están los resultados, dijo el secretario de Acción Política del PRD, Alejandro Sánchez Camacho.

La Profepa exentó a las constructoras de presentar manifestación de impacto ambiental

Miriam Posada García

Cuatro días después de que dos personas murieron en un socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) reabrió dos carriles porque resultaron favorables las pruebas de georradar y de carga para verificar la resistencia del terreno y comprobar que no hubiera oquedades.

La SCT sostuvo que las pruebas se realizaron ante expertos del Colegio de Ingenieros Civiles de Morelos y, con apoyo de la Policía Federal, se reabrieron los dos carriles a la circulación de vehículos ligeros y autobuses, uno en cada sentido. Los vehículos pesados aún no pueden pasar.

Anunció que se reforzará el talud en el kilómetro 93 + 800, donde se abrió el socavón, a fin de reabrir otros dos carriles a la brevedad posible.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza, el hundimiento en la autopista –inaugurada hace apenas tres meses y cuyo costo se disparó de mil 45 a 2 mil 200 millones de pesos–, se debió a las lluvias y a la deforestación, que erosionaron una coladera subterránea e hicieron colapsar el drenaje.

Sin embargo, la constructora del Paso Exprés no presentó manifestación de impacto ambiental porque la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) la exentó de ese requisito con el argumento de que la zona de la obra es urbana, corresponde al derecho de vía de la SCT, no se trata de terrenos forestales ni se ubica dentro de un área natural protegida de carácter federal.

La exención consta en la respuesta que la propia Profepa dio a una denuncia ciudadana por tala inmoderada, así como en el reporte que hizo el testigo social Enrique Alcántara Gómez sobre la licitación del Paso Exprés.

La solicitud de exención de la manifestación de impacto ambiental en la obra (una carretera tipo A4 de 14.5 kilómetros de longitud y ancho de derecho de vía hasta de 40 metros) aduce que la ampliación del libramiento se realizaría en un área ya impactada, localizada dentro de la zona urbana.

El reporte del testigo social documenta que Aldesem-Epccor presentó 13 contratos para demostrar su capacidad, pero ocho no fueron admitidos debido a que se trataba de obras menores a 560 millones de pesos, monto inferior al estipulado; además, tres de esas pruebas eran convenios de un solo contrato y dos mostraron inconsistencias.

Los representantes de la SCT encargados de la licitación otorgaron al consorcio una calificación de 15 puntos de un máximo de 18, debido a que el personal de laboratorio no cubría los requisitos exigidos en la base quinta numeral 4 de las reglas del concurso.

Otro de los requisitos consistía en que la empresa debía comprobar experiencia de al menos 10 años en obras, pero el consorcio solamente presentó documentos correspondientes a seis años.

Para demostrar la supuesta especialización en proyectos como el Paso Exprés, Aldesem-Epccor presentó 13 contratos obtenidos en los cinco años recientes, pero ocho no cumplieron lo solicitado.