En el ya largo conflicto entre la comunidad duranguense de La Sierrita y la empresa minera canadiense Excellon Resources, un fallo judicial hizo aun más complejo el panorama: ante sendas inconformidades por el supuesto incumplimiento del contrato de trabajo firmado hace más de una década, un tribunal agrario dio la razón a ambas partes.

En entrevista, Juan Daniel Pacheco Álvarez, presidente del comisariado ejidal de La Sierrita, recordó que en 2004 la comunidad firmó un acuerdo con la compañía minera para que ésta explotara diversos yacimientos de plata, zinc y plomo en una superficie de mil 100 hectáreas.

Cuatro años después, acordaron rentarles 27 hectáreas más, donde la empresa instaló la boca de la mina, una trituradora y oficinas administrativas. A cambio, Excellon daría una renta mensual a la comunidad, realizaría diversas obras de beneficio social y emplearía a los lugareños en el transporte de los minerales y la alimentación de los obreros.

Sin embargo, de acuerdo con los habitantes del pueblo, la compañía violó los términos de dicho acuerdo e incluso utilizó la violencia para dispersar manifestaciones pacíficas, por lo que decidieron exigirle la rescisión del contrato y la devolución de sus tierras.

Por su parte, la minera también alegó que los ejidatarios estaban incumpliendo el contrato y se negó a seguirles pagando. Luego de varios años de tensión, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Sexto, con sede en Torreón, determinó en noviembre de 2016 que ambas partes tenían razón en sus inconformidades y ordenó que se anulara el contrato de arrendamiento.

Sendas multas millonarias

Asimismo, determinó que Excellon Resources debía pagar una multa de 5 millones 500 mil pesos y entregar inmediatamente las hectáreas que alquiló. No obstante, el mismo juez fijó una multa de 5 millones 600 mil pesos a La Sierrita, y mientras ésta no sea pagada, no puede obtener legalmente la devolución de sus tierras.

Aunque en un primer momento el fallo podría parecer una suerte de empate, el único perjudicado ha sido el pueblo, ya que la compañía ha seguido trabajando sin interrupciones en una zona que legalmente ya no debería ocupar, mientras la comunidad no puede recuperar sus territorios, lamentó Pacheco.

Luego de destacar que el proyecto de Excellon sólo dejó contaminación en los mantos acuíferos y una creciente división en el pueblo, el comisario ejidal lamentó que los gobiernos estatal y federal sigan dando prioridad a la minería, por encima de cualquier otra actividad económica, sin importar los conflictos ambientales y sociales que genera.