La mecánica del abuso sexual consistía en que niñas y niños jugaban al papá y la mamá con el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, quien elegía a sus víctimas por las noches. Su ayudante, identificado por los menores también como abusador, Leandro Martín Bermúdez Armenta, era el encargado de sacar a los pequeños de sus dormitorios para llevarlos ante el cura y después regresarlos a sus camas.

Los testimonios recogidos en una sentencia judicial señalan a las monjas Hortensia Jiménez Cruz, Xóchitl Chávez Sánchez y Esmeralda de Jesús Suárez Bertury de encargadas de los castigos corporales, que variaban dependiendo de la falta cometida: desde golpes con palos y confinamiento durante una semana en pequeños cuartos de escarmiento sin comida hasta graves quemaduras en pies y manos causadas por un comal y la desaparición de menores embarazadas y de bebés.

Niñas y niños llamaban Papi a Gutiérrez Farías y Mami a las monjas. La historia del presbítero está vinculada a la asistencia infantil y se remonta a más de 40 años de vínculos con políticos y funcionarios que le permitieron seguir, a pesar de las denuncias recibidas desde hace más de una década.

Los horrores ocurridos en seis albergues (tres en Salamanca, uno en Irapuato, otro en Moroleón y uno más en Morelia, con más de 600 menores) son similares a los que vivieron los niños bajo el cuidado de Mamá Rosa en un albergue en Zamora, Michoacán, por lo que organizaciones no gubernamentales han exigido la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR), que permanece en silencio, a pesar de conocer la gravedad de los hechos.

“Es exactamente igual al caso de Mamá Rosa. Está documentada la violencia sistemática que vivían estos niñas y niños; hay documentos de carácter penal contra los cuidadores y el sacerdote, pero hay omisión y complicidad de las autoridades de Guanajuato”, sostiene Raymundo Sandoval, director del Centro de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato (Nima), en entrevista con La Jornada.

Lentitud y silencio

Su colega Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) coincide y alerta en entrevista sobre la lentitud y el silencio de las autoridades federales: “Este caso desnuda nuevamente el sistema de atención a la niñez que México tiene, sustentado en omisiones y en no investigar denuncias que venían dándose desde hace años de delitos de orden federal y local. Está claro que para el gobierno los niños y las niñas no importan, particularmente los que están en bodegas humanas administradas por sacerdotes católicos, tipo Mamá Rosa”.

Al igual que Mamá Rosa, Gutiérrez Farías contó con la complicidad de notarios para cometer ante el Registro Civil el delito tipificado en el artículo 169 del Código Penal de Guanajuato, que dio por sentado que el cura era el padre de los menores.

Sonia Carlota Pérez Malpica, titular de la notaría pública número 6 en Salamanca, Guanajuato, fue la encargada de elaborar y recabar las firmas de las llamadas actas de ingreso que cedían la custodia y la patria potestad para siempre jamás en favor del cura, según copia del documento en poder de La Jornada.

El acta de ingreso firmada por los padres o tutores de los niños y Gutiérrez Farías, y las monjas como testigos, señala en su punto sexto que las visitas serán cada seis meses, con duración de 15 minutos: Libres de coacción o violencia, dolo, mala fe y manifestando entender plenamente las consecuencias legales de este acto, se firma por ambas partes manifestándose plenamente sabedores de su enlace y contenido. Cedo la custodia y patria potestad para siempre jamás del menor.

El caso de la niña MGCU, de 4 años, provocó que hace unos días el portal Zonafranca publicara la resolución de una juez federal, quien negó el amparo a una sentencia que exige regresar a la menor con sus familiares.

No es la primera vez que Karla María Macías Lovera, juez noveno de distrito en Guanajuato, y antes en otros estados, emite una resolución histórica. Esta vez desvela los horrores que viven los niños en los albergues ubicados en Salamanca, en una sentencia de 221 páginas que ordena al Ministerio Público la pronta investigación y presentación del sacerdote, las monjas y el resto del personal por su responsabilidad en los hechos constitutivos de delitos y la protección del bien superior de los menores para que inicien los juicios civiles, a fin de que vuelvan a tener los apellidos que les corresponden y sean inmediatamente reubicados.

Abusos generalizados

Entre las decenas de testimonios recabados y pruebas documentales, como informes de peritos médicos, destaca el de la adolescente LLOG, de 13 años, con síndrome de Down: Himen de tipo bilabiado con dos desgarros, uno localizado en la hora tres y otro en la hora nueve, comparativamente con la carátula de un reloj, los cuales presentan bordes cicatrizados, sin equimosis ni sangrado, por lo que se determina que se trata de desfloración antigua.

El menor JMTF, de 13 años, relata: “El padre es cariñoso con las mujeres, pero medio jotillo con los hombres, porque nos mete la mano por las nalgas debajo de la ropa. A mí me ha querido meter la mano, pero yo no me dejo, porque me quito... él se enoja…”

La niña OCJ, de 10 años, refiere: “Hace mucho MGCU, mi compañera de seis años, me enseñó sus manos: las tenía quemadas con ampollas. Me dijo que se las habían quemado, no me contó quién, pero fue porque robaba mucho, y me dijeron que les robaba a los niños de su escuela. Ese día que le quemaron las manos la llevaron al doctor, fue la madre Xóchitl y después Viviana le curó las manos, le puso pomada…”

El adolescente DARM, de 13 años, añade: “En el dormitorio de niñas hay un cuarto donde los encierran y los dejan sin comer durante una semana… El domingo, aproximadamente a las 19 horas, vi a tres compañeros que conozco que estaban consumiendo mariguana, y lo sé porque los vi con sus bolsitas de hierba, y además conozco su olor”.

La niña IMA, de 11 años, señala: “Cuando roban nos queman las manos; a mí nunca me lo han hecho. A quien se las quemaron fue a MGCU, que tiene cinco años, porque robó una plastilina. Fue la madre Xóchitl, yo vi cuando se las quemó: en la cocina puso un comal caliente y le puso las manos, ya cuando las tenías bien feas las quitó del comal. MGCU lloraba y la madre Xóchitl le decía: ‘Eso te pasa por robar’”.

El menor SLJ, de seis años, dice: A mí no me gustar estar aquí porque la madre Hortensia nos pega con un palo. A mí me pegó hace poquito con un palo, en las manos y pies, por donde tengo mis rodillas . También le pega a mi hermano E, le pega con un palo, y a mi hermano O con un palo que tiene en su cuarto. Yo no quiero estar aquí, quiero que me cambien de internado, también a mis hermanos.

La menor VGJ, de 10 años: Mi papi me hace cosquillas en las rodillas, me las aprieta o me da una nalgada. No me gusta que me dé nalgadas, porque a veces sí me las da fuerte. O no sé, no me gusta, aunque ya me acostumbré, pero no le he dicho que no me gusta. El padre a todos nos da nalgadas; también a las grandes.

El niño DAZG, de seis años: Cuando nos portamos mal sólo nos regañan. Si decimos groserías, nos ponen jabón en la boca. A mí no me han regañado ni me ponen jabón en la boca.

LLOG, adolescente de 13 años, relata: Un día fuimos al cerro y jugamos al papá y a la mamá. Yo era la mamá y M, que es un amigo chiquito, era el papá. ¿Cómo se juega al papá y a la mamá?, le preguntan, y contenta acerca sus brazos flexionados a su cuerpo, a la altura de la cadera, y mueve su pelvis hacia adelante y hacia atrás en repetidas ocasiones. Después la niña sigue manifestando que las madres no saben que juegan a papá y a mamá, pero el papi Pedro sí sabe, porque él también juega, y a mí no me gusta jugar a eso. La menor explica que no le gusta porque le tocan los pechos y la vagina.

La sentencia incluye copia certificada de la averiguación previa IV-B/144/2016, integrada por la Agencia del Ministerio Público de Querétaro contra Gutiérrez Farías por el delito de abusos deshonestos contra el menor JDJH: “Eran aproximadamente las 20 horas cuando Martín me dijo que el sacerdote Pedro quería hablar conmigo, que fuera a su oficina, por lo que me dirigí a su oficina y le dije ‘buenas tardes’. El sacerdote no me respondió y empezó a meter su mano derecha en mi pantalón, de la parte de enfrente, donde está el cierre. Al tener su mano en el interior comenzó a tocar mi pene y mis testículos. Yo grité, le dije ‘no’; los frotaba con su mano, los acariciaba, yo me resistía y trataba de quitar su mano, pero el sacerdote me apretaba más mi pene o mis testículos. Quince minutos después logré quitarme al sacerdote, cuando Martín entró a la oficina y me dio un golpe con puño cerrado con su mano derecha y me caí al suelo, y el sacerdote me dijo: ‘Aquí se va a hacer lo que yo quiera’”.

Una fuga

El menor refirió que Martín siguió golpeándolo y pateándolo, lo llevó a su dormitorio y lo aventó a su cama. Narró con fechas exactas las veces que Gutiérrez Farías abusó sexualmente de él, por lo que se escapó el 6 de mayo de 2016. En el interrogatorio el menor afirmó que el sacerdote era igual con otros niños y niñas entre 10 y 12 años.

Llegué a ver que los tocaba: sólo llegaba y tocaba el pene y los testículos; nadie podía hacer nada ni decir nada. También llegué a ver cómo metía a otros niños de mi edad o incluso más pequeños a su cuarto y en una ocasión vi cómo le pegó a una muchacha con el puño cerrado en todo el cuerpo. A las niñas que llegaban y salían embarazadas de pronto las desaparecían.

Familiares de niñas y niños internos en los albergues del sacerdote los buscan sin respuesta. Raymundo Sandoval, de Nima, advierte: Es urgente que este caso se federalice, pero el gobierno de Guanajuato quiere evitarlo. Es urgente que sea atraído por la PGR e investigado por CNDH y organismos internacionales, para dar garantía a la seguridad de los niños que han estado viviendo un calvario en esta casa hogar dirigida por este sujeto.

Juan Martín Pérez García, de Redim, señala que se desconoce el paradero del sacerdote, quien tiene vínculos con actores políticos como Vicente Fox y su esposa. Exige un proceso judicial para deslindar responsabilidades de Gutiérrez Farías, funcionarios y particulares: “No tarda en salir Fox a defenderlo, y eso significa protección e impunidad, como ocurrió con Mamá Rosa. Aquí esta el soporte institucional de la Iglesia y el mecanismo de protección de las autoridades que conocían estos abusos y aberraciones”.

La diócesis de Irapuato ha emitido un comunicado en defensa del sacerdote y de la obra que inició hace 40 años rescandando numerosas vidas del abandono. Las muestras de apoyo de la jerarquía de Guanajuato ya aparecieron con letreros fuera del albergue que señalan: Estado, protégeme, pero también a mis papás Pedro Gutiérrez Farías y Hortensia Jiménez Cruz.