Las corrientes mayoritarias del Partido de la Revolución Democrática (PRD) mantienen el control de los órganos de dirección incluso por encima de la legalidad partidaria, señalaron militantes perredistas.

A partir de acuerdos entre los líderes de las corrientes, por ejemplo, Alejandra Barrales se mantiene en la presidencia del PRD a pesar de las denuncias en su contra por la presunta violación del artículo 111 de los estatutos, ya que ocupa ese cargo y al mismo tiempo es senadora de la República, como han denunciado integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y consejeros como Dorisol González.

Sin que nadie las fiscalice, no obstante que los estatutos perredistas establecen que una de sus obligaciones es rendir de forma trimestral un informe financiero, donde se incluyan ingresos y egresos, corrientes como Alternativa Democrática Nacional, Nueva Izquierda y Vanguardia Progresista han asumido el control del partido.

Dorisol González definió lo que hacen las corrientes mayoritarias como golpismo intrapartidario por la supervivencia de las prerrogativas y de sus cotos de poder.

Al margen del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, esas expresiones –junto con Foro Sol e Iniciativa Galileos– negocian la línea política del partido para las elecciones presidenciales de 2018, que incluye la alianza con el PAN, y el proceso para la renovación de las dirigencias nacional, estatales y municipales.

Lo anterior, a pesar de que los estatutos ordenan que el consejo nacional, donde deben aprobarse esas decisiones, debe reunirse al menos cada tres meses por convocatoria emitida por la mesa directiva o por el Comité Ejecutivo Nacional. Aseguraron que han transcurrido ya varios meses sin que eso ocurra.

Ahora los perredistas, por mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, están obligados a convocar a sesión para definir la renovación de sus órganos de dirección. No hay un una fecha definida, aunque se menciona el 28 de este mes.