Senadores del PAN y PT-Morena rechazaron que el sistema penal acusatorio sea responsable del incremento de la violencia en el país y se manifestaron en contra de modificaciones que restrinjan el respeto a los derechos humanos.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega, dijo que el diseño de ese sistema no tiene la culpa de todos los males que se le achacan y aunque puede perfeccionarse, lo fundamental es que el gobierno federal y los estatales cumplan con su parte y, de entrada, se le destinen los recursos financieros necesarios para su debida operación.

Por separado, el senador Miguel Barbosa acusó a los gobernadores de tratar de meter miedo a la población sobre la liberación de criminales, según las normas establecidas por el nuevo sistema de justicia penal oral, para modificarlo y regresar al viejo modelo inquisitivo, que propiciaba el abuso de autoridad y las confesiones obtenidas mediante tortura, declaración de testigos falsos y peritajes a modo.

Sostuvo que la percepción de los mexicanos sobre la inseguridad ha aumentado y, de acuerdo con estadísticas, el pasado mes de mayo fue el más violento en este siglo y tanto el gobierno federal como los estatales y el de la Ciudad de México intentan justificar su ineficacia para garantizar la seguridad pública, culpando del aumento incontrolado de la criminalidad al nuevo proceso penal acusatorio y oral.

La realidad es que en los ocho años que la Constitución dio de plazo para la implementación del sistema, los gobiernos no se prepararon, no destinaron recursos y ahora intentan ocultar su omisión, la de no haber capacitado y profesionalizado a policías, peritos, ministerios públicos y jueces, recalcó el legislador del bloque PT-Morena.

La propuesta de modificación que sugiere el PRI, recalcó, es regresiva, porque pretende anular garantías procesales y permitiría a los ministerios públicos y jueces abusar de la autoridad en detrimento de cualquiera”.

La propuesta de tipificar como delito grave la portación de armas debe mantenerse en las de alto calibre, de uso exclusivo del Ejército, porque de lo contrario, quien tenga una pistola para protegerse irá a la cárcel, sin derecho a seguir su proceso en libertad.

En entrevista, la senadora Ortega dijo que debe preservarse la esencia del nuevo sistema penal, en el que se garantiza, por ejemplo, la presunción de inocencia y la reparación del daño a las víctimas. Anunció que la Comisión de Justicia prepara mesas de debate a fin de evaluar el nuevo modelo, que requiere ligarse con las normas del Sistema Nacional Anticorrupción.