Un elemento fundamental que incorpora el informe sobre detenciones arbitrarias de Amnistía Internacional (AI) son las entrevistas con 25 personas que se desempeñan o trabajaron como operadores del sistema de justicia en México, testimonios que confirman las constantes violaciones a derechos humanos que se dan en las detenciones y procesos.

Estas entrevistas (con policías, agentes del Ministerio Público o trabajadores de instancias de justicia) fueron acordadas bajo estricta condición de confidencialidad y sus declaraciones confirman que hay detenciones arbitrarias e ilegales, que las confesiones muchas veces se obtienen bajo tortura y que son violentadas las garantías procesales e individuales de los detenidos.

‘‘Las flagrancias le sirven al Estado, sean legales o no… Hay flagrancias que se crean’’, afirma una juez penal de la zona centro del país. Un magistrado en materia penal de un estado del norte resalta: ‘‘El subsistema legal sobre delincuencia organizada es problemático; a cualquier detenido lo incomunican y lo extorsionan’’.

Los testimonios de estos funcionarios o ex funcionarios son reveladores. Un empleado de alto rango de un órgano jurisdiccional del sur del país admite: ‘‘El fabricar la flagrancia sirve para que no tengan que investigar las autoridades’’.

Un secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice: ‘‘La tortura sí es sistemática y generalizada en México’’. Otro empleado de este espacio refiere: ‘‘Se detiene más a las personas pobres, a las personas migrantes, a las que están en barrios marginales, fundamentalmente jóvenes’’.

En cuanto a la garantía de los derechos de los detenidos, un agente ministerial indica: ‘‘Ahora se tienen que llevar tarjetas para leer derechos y esas pendejadas’’. Mientras, un funcionario de un órgano jurisdiccional remata: ‘‘Los policías no tienen idea de qué es una lectura de derechos, derechos humanos o la Constitución’’.

Unos más hablan de las contradicciones en las que en muchas ocasiones se realizan las declaratorias judiciales o los reportes de la policía. Un agente del Ministerio Público que trabaja en el centro del país detalla: ‘‘Los informes (de) policías son un teléfono descompuesto’’, ironiza.

‘‘Ni entre jueces nos ponemos de acuerdo… Ni los jueces sabemos leer qué dice alli’’, acepta un magistrado en materia penal de una entidad norteña. Asimismo, un funcionario de un órgano jurisdiccional del sur del país expresa: ‘‘La prisión preventiva oficiosa no tiene nada qué hacer en el sistema acusatorio, nada’’.

Un policía ministerial del centro del país reconoce: ‘‘Las detenciones ya no se pueden hacer igual, es mucho el trabajo con el nuevo sistema (de justicia penal) y no se puede hacer todo. Muchos no tienen equipo o tiempo para todas esas cosas’’.