Las detenciones arbitrarias en México son cotidianas y representan el punto de partida para graves violaciones a los derechos humanos como la tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Amnistía Internacional (AI) sección México presentará este jueves un informe sobre este tipo de arrestos, en el que se demuestra que las autoridades argumentan aprehensiones ‘‘en flagrancia’’, pero en muchos de los casos no es así.

Los ejecutores de esas prácticas son policías, uniformados o no, y regularmente no informan sobre los motivos de la captura ni los derechos de los aprehendidos, ‘‘siembran’’ algún objeto para incriminar y en casi todas las ocasiones las personas son retenidas por horas antes de ser puestas a disposición del agente del Ministerio Público.

En el reporte, la organización refiere que aun cuando el derecho internacional establece que toda persona tiene derecho a la libertad personal y prohíbe las detenciones arbitrarias, en México se siguen presentando casos en los que ‘‘una persona en una situación generalmente de marginación y discriminación (digamos un joven en pobreza) es detenida en un momento ordinario de su día (por ejemplo cuando regresa a casa después de una jornada de trabajo), la policía no le explica por qué es arrestada y le ‘‘siembra’’ algún objeto para incriminarla (por ejemplo un arma) y es llevada ante otras autoridades, quienes inician un proceso legal que le resulta incomprensible. Esta persona pasa varios años en prisión en espera de juicio’’.

La directora ejecutiva de AI México, Tania Reneaum Panzi, aseveró en entrevista con este diario que el informe es una crónica anunciada: ‘‘Nos confirma una realidad institucional y su profundidad. Este tipo de arbitrariedades son constantes en el sistema de justicia penal, pero no se reconoce públicamente y cuando se hace es más bien tímidamente. Lo que buscamos es que las autoridades del más alto nivel conozcan la gravedad y dimensión del problema’’.

De acuerdo con el informe, las detenciones arbitrarias se presentan por intento de extorsión a los detenidos, el pago de un tercero, motivaciones políticas, la comisión de un delito menor, pero achacándole a la víctima uno mucho más grave; para ‘‘sembrar’’ evidencia y no tener que investigar auténticamente los ilícitos que sí se cometen y para demostrar ‘‘la eficiencia’’ de las policías, entre otras.

Los datos que hoy difundirá AI indican que este tipo de arrestos tienen sesgos de discriminación. Se suele detener a personas que, de acuerdo con los policías, ‘‘parecen sospechosos’’, fundamentalmente jóvenes en situación de marginación y pobreza, o de sectores históricamente discriminados, como indígenas y migrantes.

El problema no radica en que se realicen arrestos cuando realmente se comete un delito, enfatiza la organización, sino que se pasen por alto los requerimientos legales, se simulen ilícitos que no ocurrieron o incluso se ‘‘siembre’’ o fabrique evidencia con tal de lograr la aprehensión.

Este tipo de arrestos suelen quedar impunes y muchos de quienes así fueron detenidos sufrieron tortura para incriminarse en crímenes que no cometieron y siguen en prisión, además de que en el país se usa de manera desproporcionada la prisión preventiva.

Amnistía Internacional hace varias recomendaciones para corregir estas violaciones. Entre otras, pide a las autoridades policiales, municipales, estatales y federales que establezcan regulaciones claras para todas las corporaciones con respecto a las detenciones y al uso de la fuerza; a los legisladores, que eliminen de la Constitución y de las leyes la figura de prisión preventiva oficiosa y la de flagrancia, y a las procuradurías del país investigar de manera pronta, imparcial, independiente y efectiva los casos de detenciones arbitrarias.