El país debe contar con un nuevo régimen legal sobre plaguicidas, pues la gestión actual es pésima. Los problemas detectados sobre el tema van desde la ausencia de la definición de esas sustancias altamente peligrosas, un uso desmedido, falta de supervisión y vigilancia, hasta un sistema perverso de subsidios que apoyan su utilización en la agricultura.

Los anterior lo plantea el reporte Derechos humanos y plaguicidas, de Greenpeace y la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (Rapam), en el que se alerta sobre la urgencia de contar con un nuevo régimen legal en la materia, en un contexto de respeto a los derechos humanos y la transición hacia la agricultura ecológica.

Los plaguicidas, de acuerdo con Rapam, son sustancias químicas que se han convertido en el principal mecanismo de control de plagas en el campo y la ciudad debido a la expansión e influencia de la industria química, lo cual provoca graves problemas a la salud y al ambiente.

Quien contamina, paga

El documento refiere que un nuevo marco regulatorio deberá tener como pilares los principios de precaución: quien contamina, paga, así como el de sustitución. Lo anterior deberá exigirse pues la legislación vigente tiene deficiencias en el manejo de estas sustancias altamente peligrosas, las cuales atentan contra los derechos a un medio ambiente sano, a la alimentación y el agua, la salud, así como derechos laborales de trabajadores del campo, mujeres embarazadas o en lactancia y niños jornaleros.

Plantea que en una posible legislación debería haber un apartado relativo a las sustancias químicas. Esta regulación debería fijar líneas generales acerca de la responsabilidad de las empresas, reglamentar los avisos a terceros que pueden ser afectados por esas sustancias, sobre todo cuando se trate de niños, mujeres embarazadas y en lactancia.

Entre los problemas que hay con los plaguicidas están su uso desmedido, las deficiencias en su etiquetado, malas prácticas empresariales, excesiva confidencialidad, falta de transparencia y de generación de cifras y estadísticas.

Fernando Bejarano, director de la Rapam, dijo en la presentación del documento, que se necesita un mecanismo expedito de prohibición de los plaguicidas altamente peligrosos que están incluidos en convenios internacionales o vetados en otros países, lo que supone ir más allá del discurso de un manejo adecuado.

Apoyo a alternativas agroecológicas

Refirió que se requiere un cambio de política, a fin de que se apoyen con fondos federales y estatales las alternativas agroecológicas para el control de plagas y enfermedades como recomiendan los relatores de derechos humanos de Naciones Unidas y las reuniones internacionales de gestión de sustancias químicas.

Entre las propuestas del reporte está el etiquetado, pues éste constituye información de primera mano acerca del tipo de producto con la que contarán los usuarios, así como los servicios médicos en caso de accidentes. Se trata de un elemento esencial en la gestión de plaguicidas, dijo. Además, no deben tener publicidad, ni estar próximos a alimentos o bebidas, niños o niñas o incentivar prácticas peligrosas.

También señala que se debe dar atención especial al cuidado de los cuerpos de agua en los procedimientos de descarte de envases o del líquido contaminado con plaguicidas en las actividades de limpieza.