El Estado mexicano tiene obligaciones internacionales para salvaguardar los derechos y dignidad de las personas privadas de la libertad, mismas que está obligado a cumplir. Por ello, dos agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenaron los hechos ocurridos la semana pasada en el penal Las Cruces, de Acapulco, Guerrero, que dejaron 28 internos muertos y tres heridos.

En un posicionamiento conjunto difundido ayer, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamaron a las autoridades a conducir una investigación ‘‘pronta, diligente y respetuosa del debido proceso’’, que esclarezca lo sucedido y otorgue justicia a las víctimas y a sus familiares.

Estas instancias de la ONU subrayaron que ‘‘una medida de prevención para que actos similares no vuelvan a suceder es una completa y exhaustiva investigación, así como la sanción a los responsables’’.

Recordaron que el gobierno mexicano, en su posición de garante frente a personas privadas de la libertad, tiene obligaciones internacionales especiales. ‘‘Las autoridades deben tener presente lo dispuesto en las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, mejor conocidas como las Reglas Mandela, que establecen que todos los internos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos, velando en todo momento por su seguridad’’.

Reiteraron su compromiso de brindar cooperación y asistencia técnica a las autoridades mexicanas con el fin de fortalecer las capacidades institucionales del sistema penitenciario en el país, y manifestaron sus condolencias y solidaridad con los familiares de las víctimas.

El jueves 6 de julio se dio un enfrentamiento al interior del penal de Las Cruces debido a las pugnas entre dos grupos por el control de este reclusorio, informaron funcionarios del gobierno estatal. La riña ocurrió en el módulo de seguridad de la prisión, área reservada para presos del orden federal. Algunas imágenes que se difundieron mostraron al menos a cinco de los internos decapitados en un área común.

Ante esto tuvieron que actuar elementos de la policía y de la Fiscalía General del Estado, además del Ejército Mexicano y la Policía Federal, a fin de tomar el control del Centro de Reinserción Social, además de que desplegaron vigilancia externa.

Por su parte, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, confirmó en Chilpancingo que la policía estatal, ‘‘en coordinación con agentes del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado, personal del Ejército como seguridad externa, así como visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos’’, requisaron ayer por la madrugada en el Cereso de Las Cruces teléfonos celulares, objetos punzocortantes y aparatos electrodomésticos, entre ellos cinco pantallas de plasma y dos frigobares.

(Con información de Sergio Ocampo Arista, corresponsal)